El mismo apunta aplicación de un dispositivo preventivo y reeducativo de reinserción social.
Ayer por la mañana, el Ministerio de Desarrollo Social y el Superior Tribunal de Justicia de San Luis firmaron un convenio de colaboración recíproca, consistente en la aplicación de un dispositivo preventivo y reeducativo, en el marco de las Competencias del Instituto Provincial de Reinserción Social (IPReS), a cargo de María Fernanda del Cerro. Este acuerdo tiene como objeto afianzar las relaciones interinstitucionales de ambos poderes del Estado, con el fin de prevenir la reincidencia de aquellas personas que se encuentren bajo la figura de suspensión de juicio o “probados”, para mejorar la calidad de vida de los mismos, y colaborar con la seguridad social de la provincia.
El objetivo principal es, informaron desde el Ministerio, generar un espacio preventivo y de tratamiento creando las herramientas para el abordaje de los “probados” y su entorno (en coordinación con las Cámaras en lo Penal y Correccional Nº 1 y 2 de la primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de San Luis), como así también garantizar el control y seguimiento del cumplimiento de las tareas comunitarias.
Este dispositivo preventivo y reeducativo se materializará a través del dictado de talleres psicoeducativos, y estarán a cargo del cuerpo profesional existente del Instituto Provincial de Reinserción Social (IPReS). Se desarrollarán diferentes temáticas como adicciones, derechos y deberes de los ciudadanos, convivencia en sociedad, y resignificación del vínculo familiar, entre otros.
“Esta problemática social requiere ser tratada con inmediata atención y con la contención correspondiente por parte de los distintos organismos encargados de administrar justicia y velar por la reinserción social, entendiendo que debe ser asumida con una visión multidisciplinaria y de cooperación mutua”, manifestó la funcionaria responsable del IPReS, María Fernanda del Cerro.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Omar Uría, dijo: “Creemos que es muy importante este convenio de colaboración entre ambos poderes, ya que era una deuda pendiente que tenía el Poder Judicial con aquellas personas que son sometidas a un control posterior a una condena. Esa vigilancia lamentablemente no lo podíamos hacer ya que necesitábamos tener una relación interdisciplinaria con el Poder Ejecutivo. Ahora con la gestión de la ministra lo podemos lograrlo”.
“Este acuerdo es inmediato, hoy mismo comenzaremos a trabajar formalizando acciones que ayuden a que estas personas no vuelvan a cometer un delito. Como siempre decimos, si logramos recuperar aunque sea uno, ya es positivo”, concluyó el presidente del Superior Tribunal.
Por otro lado, la ministra de Desarrollo Social, Alida García Peanú expresó lo siguiente: “Somos optimistas al firmar este convenio para que finalmente comience a funcionar el IPReS. Podremos hacer un seguimiento a los ‘probados’ y brindarles charlas educativas con la finalidad de evitar la reincidencia y tratar de darles contención, para que se amiguen con la sociedad y no vuelvan a recaer”.
“De acuerdo al listado de ‘probados’ que nos proporcionen ambas cámaras, se realizará la primer convocatoria en el mes de mayo donde daremos comienzo al primer taller educativo, y de acuerdo a esta primer experiencia piloto en la ciudad de San Luis, trataremos de fusionar los equipos técnicos de los poderes Judicial y Ejecutivo para ampliarlo y llegar a toda la provincia”, concluyó la funcionaria.
