“Lo que hemos tratado de hacer con esta nueva ley, que si sale como la presentamos se deroga la anterior, es que no haya términos grises porque había muchas imprecisiones lo que hacia empresas se llevaran beneficiarios del plan, los devolvía, se llevaba más beneficiarios, los devolvía… Entonces era un círculo vicioso en el que el beneficiario nunca era contratado y seguía siendo del plan pero trabajando dentro de lo que es una relación laboral”, reconoció la ministra, señalando los aspectos que el Gobierno busca corregir.
Según opinó García Peanú, esto ha generado que, con el correr de los años, los beneficiarios del Plan no hayan cultivado una cultura laboral, por lo que el Ministerio tomó cartas en el asunto y obligó a los beneficiarios ha realizar un taller de prácticas laborales. “Es para que aprendan a respetar lo que es tener un jefe, lo que es estar en relación de dependencia, a cuidar su trabajo, porque, obviamente, los beneficiarios del plan no tienen cultura laboral, porque están en un plan social con un principio general de libertad”, dijo la funcionaria.
En cuanto a la nueva ley, que seguramente será aprobada en cuestión de semanas, la titular de Desarrollo Social explicó que consiste en una “colaboración económica y un crédito fiscal para todas las empresas que quieran contratar a beneficiarios del plan”. Por el lado del trabajador, este firmará un convenio de capacitación por un periodo de tres meses, durante el cual el Gobierno le seguirá pagando el beneficio del Plan, que hoy en día es de $2.500. Terminado este periodo, la empresa tendrá que decidir si contrata a un beneficiario o no.
“O se contrata o el beneficiario vuelve al plan, no hay término gris. Si la empresa decide contratar, se firma un convenio de incorporación y a partir de ese momento empieza a correr el periodo de prueba laboral, que es de 3 meses. Por esos tres meses más nosotros no les damos de baja del plan, los esperamos, pero no cobran el Plan de Inclusión, cobran el salario fijado por la empresa”, explicó la ministra, señalando que esta política ya se está llevando a cabo desde hace unos meses, con distintos resultados, como gente que no se ha sentido cómoda en sus nuevos trabajos y que ha vuelto al Plan; y otros que renunciaron luego de que las empresas se atrasaran en los pagos.
En cuanto a los beneficios que percibirán las empresas, el primero de ellos será una “colaboración económica” que consiste en un salario de Inclusión Social por 12 meses. “Se le paga, los primeros 3 meses, el 100%, los segundos tres meses el 75%, después el 50% y después el 25% por cada beneficiario que contrate”, explicó García Peanú. El segundo beneficio es un crédito fiscal del 50% de un beneficio de Inclusión Social por cada persona que se contrate. Este crédito se pagará por 12 meses y podrá utilizarse dentro de un plazo de 36 meses.
Por último, la ministra especificó que, luego de la contratación que el Gobierno hizo de miles de beneficiarios, hoy quedan 5.300 personas en el Plan, con “la gran mayoría” de ellos realizando algún tipo de capacitación. Por su parte, el vicegobernador le pidió a las empresas y cámaras comerciales de la provincia que se sumen a esta iniciativa.
