A raíz de esto, el fiscal Federico Delgado reclamó esta semana que, como parte del caso por enriquecimiento ilícito que avanza contra López, se profundice la investigación sobre el presunto trato privilegiado que como funcionario le dio a Rovella Carranza.
Este trato privilegiado consistiría en ocupar el primer lugar en una lista de proveedores a los que había que pagarles en tiempo y forma, según la denuncia que presentó el gobierno macrista como resultado de una auditoría interna. “Los diez primeros sí o sí se paguen!!!”, dice la orden, escrita a mano, junto a una planilla con los nombres de 60 acreedores de la secretaría de Obras Públicas. Rovella Carranza aparece en el primer lugar.
En esa misma lista, la empresa del controversial Lázaro Baéz, Austral Construcciones, figura en 6to lugar, mientras que Iecsa, de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, ocupa el 8vo lugar.
En este contexto, cabe recordar que, semanas atrás, Báez le facilitó al juez Sebastián Casanello un listado de empresas que habrían sido beneficiados aún más que él mismo en negocios con el Estado durante los 12 años del kirchnerismo. En este lista, Rovella Carranza figuraba en el 9no puesto, mientras que Green, otra empresa local, estaba en el 31.
“Es como una hipotética regla de tres simple: a mayor éxito conseguido por Rovella Carranza en las licitaciones de obra pública nacional, más abultados resultarían los bolsillos del funcionario a cargo de adjudicar dichas licitaciones y los de sus familiares directos”, dijo el fiscal Delgado, según reportó La Nación.
Según el periódico nacional, el fiscal cree que López podría haber sido quien, en las sombras, manejaba Rovella Carranza; algo completamente diferente a lo que se cree aquí en San Luis, donde los rumores siempre han vinculado a la empresa de Mario Rovella con los hermanos Rodríguez Saá.
“En el gobierno nacional también están detrás de esta hipótesis, según dijeron a LA NACION dos funcionarios de jerarquía. El fiscal espera ahora profundizar la línea de investigación, informaron fuentes de la causa”, escribió La Nación, en relación a López.
El detalle de las obras que le fueron adjudicadas a Rovella Carranza ya está incorporado al expediente que investiga el trato oficial recibido por esta firma. En esa documentación, que lleva sellos de Vialidad Nacional y de la Secretaría de Obras Públicas, aparece como constructora de rutas que, sumadas, dan un total de 16.806.000.621 pesos. Se trata de obras repartidas en ocho provincias: Buenos Aires, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Chubut y Mendoza.
