¿Cómo funcionaría?
El proyecto de ley, en su artículo N° 2, dispone que “toda persona humana y/o jurídica que al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, ostente la calidad de empleador, deberá inscribirse en el Registro de Empleo Puntano”, para lo cual otorga un plazo de 30 días desde la aprobación de este proyecto. En el artículo 3, se exceptúa de realizar este registro a los siguientes sujetos: “a) Estado Nacional, Provincial y Municipal, sus dependencias y reparticiones autárquicas y descentralizadas, salvo cuando realicen operaciones industriales, comerciales, bancarias o de servicios a título oneroso. b) Empleadores del personal de servicio doméstico”.
Luego, en su artículo 5, establece “que todo empleador deberá abonar al Registro, una tasa mensual equivalente al diez por ciento (10%) de la remuneración bruta mensual, por cada empleado en relación de dependencia, conforme lo establezca la reglamentación respectiva”.
Hasta ese punto, parece que esta ley, en caso de ser aprobada, va a abarcar a todas las personas que trabajen en relación de dependencia en la provincia de San Luis. Sin embargo, en el artículo 6 del proyecto, se exceptúa al empleador de pagar esta tasa en los siguientes casos: “a) Personal nacido en la Provincia o que tenga como mínimo cinco (5) años de residencia en la misma. b) Personal con especialidades de comprobada escasez en la Provincia. c) Personal que se encontrare declarado al momento de entrada en vigencia de la presente Ley”.
En pocas palabras, las empresas que, una vez aprobada la ley, contraten personas de otras provincias deberán pagar una tasa correspondiente al 10% del salario bruto de ese trabajador. Este dinero, el proyecto asegura en su artículo 8, se utilizará para el “pago de salarios de los servicios de salud, educación y seguridad que presta el Estado Provincial”.
¿Hay chances de que se apruebe?
Muchísimas. El proyecto ha ingresado por el Senado, el cual es completamente oficialista, por lo que su rápida aprobación es prácticamente un hecho. Con la media sanción del Senado, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados, donde, a pesar de que técnicamente hay mayoría opositora, la alianza entre Compromiso Federal y el Frente para la Victoria, mejor conocida como “Compromiso para la Victoria”, seguramente aprobará el proyecto. En el caso de que el Frente para la Victoria recuerde que es opositor y la oposición logre modificar el proyecto, este volvería al Senado, el cual fácilmente lo podría devolver a su estado original y darle la aprobación definitiva.
La opinión de la oposición
“Esto nos parece gravísimo porque la política de la puntanidad del Gobernador está alcanzando tintes xenófobos, donde directamente hacemos distinciones y discriminamos entre argentinos, que somos todos partes de una misma nación”, dijo el diputado Alejandro Cacace, presidente del bloque Cambiemos, quien suministró a La Gaceta copia del proyecto de ley.
Al respecto, el legislador recordó que durante una convocatoria del Consejo Económico Social, el Gobernador se refirió a la introducción de esta ley. “Por allí ellos no hicieron objeción a viva voz en esa reunión, pero muchos de ellos luego nos hicieron llegar su preocupación, su alarma por esta medida, tanto empresarios propiamente de la provincias como aquellas empresas siendo nacionales o multinacionales tienen inversiones en nuestra provincia”, relató Cacace.
“Es una discriminación, ya que la Constitución Nacional reconoce que el título de ciudadano es igual en todas las provincias. El derecho a trabajar y a ejercer industria lícita son derechos que son iguales para todos los
argentinos y esto es contrario completamente a ese espíritu, así que es una norma directamente inconstitucionales”, continuó el diputado, quien además opinó que este proyecto es “un desaliento y desincentivo a las inversiones”.
“Un cosa es la puntanidad como la búsqueda de destacar nuestras costumbres, nuestras tradiciones e identidad como puntanos, y otra es que eso sirva como una excusa para discriminar entre argentinos”
