El supuesto barrio ocupa dos terrenos privados donde viven más de 1.200 personas. La Municipalidad quieren regularizar la situación del predio, pero algunos se oponen.
Ayer por la mañana, vecinos del asentamiento ubicado en el barrio Primero de Mayo, conocido como “La República”, se manifestaron frente al Concejo Deliberante, donde se entrevistaron con diferentes concejales, en contra de las intenciones de la Municipalidad de regularizar la situación de dicho predio, el cual ocupa dos predios privados. Se estima que en la actualidad unas 1.200 personas viven en “La República”, pero solo un puñado de ellos se manifestó ayer.
Actualmente, este “barrio” está ubicado dentro de dos terrenos privados usurpados, donde viven varias familias que pagan a una cooperativa, que lidera Gabriel Cáceres, una cuota mínima de $100 para la realización de diferentes obras, como la apertura de calles, instalación de cañerías y la realización de diferentes eventos sociales.
“Le venimos haciendo de ministro de Vivienda al municipio y a provincia”, dijo Cáceres, representante de los vecinos de La República, quien disparó contra Alberto Rodríguez Saá, Claudio Poggi y Enrique Ponce, manifestando que “todos son responsables por partes iguales” de la situación irregular del predio.
Por el lado de la Municipalidad, la asesora letrada, Alejandra Martín, informó que el jueves pasado un grupo de funcionarios municipales mantuvo una reunión con vecinos del asentamiento, con el objetivo de hacerles conocer una iniciativa del intendente Ponce, quien propone gestionar alternativas de solución a la ocupación de estos predios privados.
“Está la posibilidad de compra de las tierras o el envío al Concejo Deliberante de un proyecto de expropiación, como así también proponer a la Legislatura Provincial el tratamiento de un proyecto en el mismo sentido, para la adquisición de las tierras, para luego entregarlas a los ocupantes con la posterior urbanización”, dijo la Asesora Letrada.
“Si compran las tierras, que nos den la posibilidad de pagarlas con una cuota mínima”, dijo una de las vecinas que ayer fue al Concejo Deliberante, asegurando ellos mismos están “formando el barrio” ante la ausencia de las instituciones.
Volviendo a Martín, la funcionaria explicó que este “barrio” ocupa actualmente dos inmuebles, uno de ellos de la empresa ETHOS SA y el otro del abogado Carlos Acevedo. “Los representantes legales de ambos propietarios iniciaron ante el Juez de Instrucción una causa por usurpación y se ha dictado una orden de desalojo, que fue apelada por los abogados de los ocupantes de las tierras, pero no son más de 7 los que están representados por abogados y ese expediente se encuentra para su resolución ante la Cámara del Crimen”, continuó Martín, asegurando que la mayoría de los vecinos quieren regular su situación.
“El único autorizado a dictar una orden de desalojo es un juez a través de una sentencia escrita que se ejecuta a través de un mandamiento por oficiales de justicia con ayuda de la policía. La orden de desalojo está en suspenso pero ante esta situación, los vecinos preocupados han venido a solicitar distintos pedidos de servicios al Municipio, tales como iluminación, agua, recolección de residuos, dadas las condiciones en las que están viviendo. Claramente la Municipalidad no puede intervenir en ese predio ni hacer absolutamente nada porque estas personas son ocupantes ilegítimos que técnicamente están cometiendo un delito”, explicó la asesora letrada, resaltando la complejidad del tema debido a que allí viven “por lo menos 1200 personas, con muchos niños, personas discapacitadas y ancianos”.
Martín además denunció que “gestores” pretenden vender “terrenos” dentro de este predio por montos de $2.000, que amenazan a las personas que no quieren
pagar el bono de $100, e inclusive han echado gente.
“Una vez que esté resuelta la cuestión legal, con un título perfecto a favor de estas personas, recién entonces la Municipalidad podrá urbanizar con alumbrado, agua, recolección, apertura de calles, cloacas y transporte público. La Municipalidad no tiene animosidad contra estas personas, pero esas tierras no son de la Municipalidad e intervenimos de forma voluntaria porque nos preocupa la cuestión social que se ha generado allí. Lejos está la Municipalidad de buscar un perjuicio para estas personas, al contrario, dada la problemática social la Municipalidad está tratando de gestionar una solución para ayudarlos”, concluyó la Asesora Letrada Municipal.
