Continúa el escándalo en el Concejo Deliberante, ya que el Juzgado Civil, Comercial y Minas N° 3 dictó la semana pasada dos nuevas resoluciones, ordenando al presidente del órgano, Juan Domingo Cabrera, la designación de seis empleados políticos propuestos por la concejal Daniela Serrano y de otros seis propuestos por su par Virginia Ortega.
El Concejo Deliberante dio inmediato cumplimiento a esta orden judicial, pero apeló la medida y recusó a la titular del Juzgado Civil N° 3, por lo que ahora la causa tramite en el N° 2. El titular de este juzgado, Eduardo Giménez, ordenó que la medida cautelar de innovar para que se nombre a los empleados quede en suspensión hasta que se resuelva la apelación. De igual manera, los empleados ya habían sido nombrados y la Presidencia del Concejo no ha dado marcha atrás con esta medida.
Otro punto que llama la atención es que algunos de los empleados nombrados son parientes de las concejales. Por ejemplo, Serrano nombró a su hermano y Ortega, concejal famosa por no hablar en las sesiones ni presentar proyectos de relevancia, nombró a dos hijos y otros dos familiares más.
Según el presidente del Concejo, Serrano tiene dos empleados más aparte de los seis ordenados por la Justicia, por lo que se irá a un total de ocho empleados. Uno de estos empleados es un joven que el año pasado fue pasado a planta permanente del Concejo Deliberante mediante una iniciativa de Cabrera. Si bien esta persona ahora es planta permanente, el presidente del Concejo asegura que sigue prestando funciones para Serrano. Y lo mismo ocurre con Ortega, quien ahora tiene los 6 empleados ordenados por la Justicia y uno que fue pasado a planta permanente.
También se destaca que la Justicia, en los casos de Daniel Serrano, Virginia Ortega y Roberto González Espíndola, siendo este último quien inició esta movida; ordenó que se nombre a tres empleados con categoría 24 y a tres con la 7. Esto va muy en contra de la “fórmula” actual que usan los demás concejales, la cual establece que cada edil puede tener tres empleados de categoría 24, dos de categoría 7 y dos de categoría 24, o cinco personas de categoría 7.
Y al parecer, este escándalo ha destapado que inclusive esta “fórmula” estaría mal y que la correcta sería la resolución 43 de 2001, la cual establece que los concejales solo pueden tener dos empleados categoría 24. Espíndola asegura que esta resolución no está vigente, pero cuando durante su presidencia contrató gente, en los considerandos utilizó esta resolución, según consta en documentación a la que accedió a este medio.
Por el momento, habrá que esperar lo que diga la Justicia con respecto a cual resolución debe utilizarse para nombrar empleados, pero por lo pronto todo parece indicar que la mayoría de los concejales no creen que la resolución 11 de 1996 sea la que esté en vigencia, ya que ninguno de ellos la utiliza, salvo Espíndola, Serrano y Ortega. De hecho, Espíndola lleva siete años como concejal y jamás pidió aplicarla hasta este momento.
