[dropcap style=”square”]En el marco del escándalo que atraviesa el Concejo Deliberante en relación a cual resolución debe regir para la contratación de empleados políticos, la cual llevó a que Roberto González Espíndola, Daniela Serrano y Virginia Ortega recurrieran a la Justicia y pidieran 6 empleados cada uno; La Gaceta Digital consultó al concejal Javier Suárez, de Avanzar y Cambiemos, su opinión al respecto.
Han iniciado acciones judiciales para ampliar su planta de personal. El reglamento interno es sumamente claro al respecto. Hay que dejar en claro que la resolución vigente al día de la fecha es la resolución 43, donde se establece que cada concejal debe tener dos personas afectadas a su despacho o funciones”, dijo Suárez, quien también sostiene que la resolución 43 es la válida.
Cabe recordar que, cuando fue presidente del Concejo, González Espíndola promovió la inclusión de esta resolución en un ordenamiento del reglamento interno e inclusive la utilizó para contratar gente, pero ahora sostiene que la 43 no es válida y se guía por una de 1996, la cual se intentó derogar al menos dos veces en todo este tiempo.
“Pretender más cargos que eso es ir en contra de lo que establece la resolución 43, más allá que desde presidencia se suele asignar más personal a los bloques legislativos para que desempeñen algún tipo de función, como personal de limpieza”, añadió el concejal de Avanzar y Cambiemos.
“Me parece totalmente fuera de lugar que se inicien acciones en contra del Consejo y más para generar un gasto que no estaba previsto. Nosotros no estamos a favor de generar una modificación de la planta a través de una resolución judicial”, continuó Suárez, considerando “lamentable” que la “Justicia se inmiscuya en las cuestiones que son netamente legislativas, como es establecer cuál va a ser el régimen de los contratos de cada concejal”.
El concejal de Avanzar y Cambiemos también consideró que este tipo de acción judicial es “ir en contra de los recursos que son de los vecinos”. “Creemos que en una situación donde tenemos que administrar los recursos estatales de la mejor manera posible, tenemos que asignarlos a políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los vecinos, pero no para tener más contactos y más cargos para la contienda política”, manifestó el edil.
“Y hay algo que es peor. Roberto González Espíndola es abogado y no puede desconocer esto. Él claramente ha ido en contra de la ley que regula el ejercicio de la profesión, la cual establece que los concejales no pueden iniciar juicios contra la Municipalidad. Y en el caso de la cédula de Ortega sí lo ha hecho. Roberto González Espíndola ha hecho juicio contra la Municipalidad, lo cual lo tenemos prohibido”, concluyó Suárez.
