El candidato a gobernador de San Luis Unido, Claudio Poggi, y el vice, Enrique Ponce, acudieron en la mañana de hoy a la Legislatura invitados por el bloque de Cambiemos para interiorizarse de las denuncias que se impulsaron contra el Gobierno desde la campaña electoral de 2017.

El informe que presentaron los legisladores se refiere a cuatro denuncias que se interpusieron ante diferentes instituciones y que este medio fue publicando a medida que fueron realizadas. Poggi hizo referencia a tres de las denuncias.

“Vamos a sumarnos a las causas judiciales, especialmente la de los 80 millones a la fundación de la esposa del senador (Adolfo Rodríguez Saá) por parte del Gobernador que eso implicó uso en la campaña electoral del año pasado, y por lo que vemos en la ostentación que está haciendo esa fundación, siguen usando esa plata. $80 millones que fueron el 1.000% del límite de $8 millones de campaña electoral para la elección de 2017 de diputado y senador nacional”, acusó Poggi.

La denuncia más reciente se hizo el mes pasado ante el Honorable Tribunal de Cuentas y Contaduría General de la Provincia por supuestas contrataciones directas por $50 millones entre Sol Puntano Sapem y la fundación Sol Puntano cuando debió hacerse por licitación pública. Las contrataciones fueron hechas con el objeto de obtener heladeras solares, artefactos de iluminación a energía solar, plantas frutales, semillas, dosis de medicamentos para colmenas, etc.

Días después de la denuncia, el ministro de Producción, Sergio Freixes, dio su explicación sobre el tema.

“Es el equivalente a la fundación Mujeres Emprendedoras. Había que ver la fundación Sol Puntano en qué está destinando los aportes. Paneles solares, heladeras, no tiene nada que ver con Sol Puntano que es como un INTA, una escuela de producción. Seguramente será otro caldo de cultivo para una denuncia equivalente a los 80 millones a la fundación de las emprendedoras”, opinó el candidato.

Cuando se le preguntó a Poggi si cabe la posibilidad de que se interpele a Freixes por la cuestión de las contrataciones directas, el senador nacional respondió: “Lo que le tienen que pedir a Freixes es que vaya preso. Tiene que estar preso, fue condenado y está apelado”. Sus declaraciones son en referencia a la condena de cinco años de prisión que se le impuso en noviembre de 2018.

Otra cuestión a la que Poggi hizo alusión es la denuncia penal contra la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur y funcionarios de la cartera por presunto fraude en perjuicio del estado provincial, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, peculado, falsedad ideológica y lavado de activos.  En la denuncia se afirma que al inicio del periodo 2017, el Estado provincial tenía más de $2.400 millones en títulos públicos y que nunca se informó la venta de los mismos ni tampoco se reflejó en las cuentas de inversión correspondientes.

“Es una gravedad institucional y tiene que ver todo con la campaña electoral de 2017″, consideró.