Esta mañana, La Gaceta dialogó con la abogada Ana María López sobre el pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia (STJ) con respecto a su denuncia en contra de lo actuado por el fiscal Alberto Rodríguez, en el marco de la causa por filiación que involucra al ex diputado Augusto Alume.
Todo comenzó con un fallo de la jueza de Familia Viviana Oste, en el cual ordenaba al exdiputado pagar tan solo $60.000 por los daños y perjuicios de no haber reconocido, por 28 años, a un hijo extramatrimonial. Este fallo fue luego ratificado por los camaristas Estela Bustos, Marcelo Milán y Mónica Ponce de Chacur. A raíz de esto, López denunció a los magistrados por incumplimiento de sus roles como funcionarios públicos, ya que no analizaron la prueba ni los testigos de la causa, entre otros elementos, para llegar a ese fallo. Luego, cuando le tocó intervenir al procurador general de la provincia, el fiscal Alberto Rodríguez, actuando como subrogante, ordenó el archivo de la causa con un dictamen de tan solo 3 reglones.
Consecuentemente, López amplió su denuncia e incluyó a Rodríguez, interpuso la nulidad del dictamen y lo recusó. La semana pasada, se conoció el pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia con respecto a la denuncia en contra de Rodríguez. “Obviamente, dijeron que no a todo. Es más de lo mismo. Estoy convencida de que el corporativismo judicial y el desmadre en el que estamos en este momento a nivel justicia y funcionarios tiene que ver con esto. Los argumentos que dan son extremadamente pobres y no se condicen con lo que un Superior Tribunal debe analizar”, destacó la abogada.
Con respecto a la nulidad del dictamen, a López le contestaron que no le van a hacer lugar porque el mismo no es vinculante. En este sentido, López explicó que el no ser vinculante, no impide que el dictamen de Rodríguez sea nulo o no. “Y yo les digo que es nulo porque no me permite saber a mi, que soy la denunciante, cómo arriba a esa conclusión. Es arbitrario porque todo aquel acto emanado de la Justicia que no esté fundamentado, es arbitrario. Es la obligación primigenia de la Justicia, fundar”, comentó la letrada.
El STJ también contestó que no entiende cuál es el perjuicio que causa el dictamen de Rodríguez. “Me afecta todos los derechos constitucionales del debido proceso. Afecta el derecho de defensa, principalmente; el derecho de igualdad ante la ley. A ellos los beneficia, pero yo desconozco los fundamentos por los cuales arriba a esa conclusión, porque directamente no los pone ni los analiza, entonces me ponen en un lugar de inferioridad, de indefensión. Yo no sé si están acostumbrados a trabajar así o realmente hay una intencionalidad”, dijo López sobre el perjuicio que considera que causa el dictamen del fiscal.
En cuanto a la denuncia por el incumplimiento de Rodríguez a sus deberes como funcionario público, López señaló que el STJ debería haber notificado al fiscal para que haga el descargo correspondiente. “Ellos no lo hacen y directamente dicen que no hace falta notificarlo ni correrle traslado de mi denuncia contra él porque ‘no advierten la falta u omisión en el desempeño del cargo’. Hacer un dictamen de 3 reglones parece que no es una omisión de las funciones. Yo siempre digo lo mismo. Les pagamos para que hagan eso, lo hacen mal y los cubren sus pares. Esa es la cuestión del corporativismo”, disparó la letrada.
Ahora que el STJ “resolvió” este proceso referido al dictamen de Rodríguez, se puede resolver la cuestión de fondo con respecto a los jueces responsables por el fallo de la causa Alume. Obviamente, es esperable que el STJ termine ratificando la manera de actuar de los magistrados responsables por el fallo de los $60.000, sentando así un peligrosísimo precedente para todos los juicios de filiación que se desarrollen en la provincia. “Esto no es una crisis del Poder Judicial, es un desmadre. A esto se ha llegado paulatinamente, a través de una falla de decisiones administrativas y corporativistas; de designaciones de jueces solo por amistad”, opinó López.
“Esta causa me ha hecho sentir vergüenza por el género. Estamos en un periodo histórico de lucha por los derechos de las mujeres y de las diversidades, de lucha contra modelos de poder patriarcales que donde más se enraízan es en las instituciones y corporaciones. Acá tenemos jueza de primera instancia mujer; en segunda instancia dos camaristas mujeres y ahora estamos en el Superior Tribunal con otras dos magistradas mujeres. Esto no es un dato menor, porque en lenguaje vulgar el resultado es que ‘el macho que se borra sale beneficiado’. Y este modelo de poder está siendo sostenido por todas estas mujeres. Aparte, de todos los movimientos feministas, las radios feministas y las personas de ONG feministas; ninguna se ha interesado por este tema, cuando es lo que más te tiene que preocupar. A lo más grave se llega partiendo de esto. Y donde hay que atacar es las fibras de las instituciones y de las corporaciones si queremos realmente que algún día se instaure la igualdad de derechos”, concluyó Ana María López.
