En 2022, después de dos años de estar cumpliendo funciones por solo 4 horas debido a la pandemia, el Gobierno lanzó un ultimátum a los beneficiarios de Inclusión Social, quienes debieron optar por reempadronarse y trabajar de 6 a 8 horas por día, o dejar el Plan. Según cifras oficiales, 24.862 personas se reempadronaron, mientras que 1.021 optaron por no continuar con la ayuda social. En general, las personas que optaron por no continuar dentro del Plan lo hicieron porque, durante esos dos años en que cumplían 4 horas por día, aprovecharon para tener un segundo trabajo informal de media jornada. Al tener que volver a cumplir de 6 a 8 horas, se les hizo imposible mantener ambos trabajos y optaron por dejar el Plan de Inclusión Social.
Este contexto es vital para entender la protesta que se dio esta mañana frente al Ministerio de Desarrollo Social, con decenas de personas que, luego de conocer los más que generosos aumentos que el Gobierno dio al Plan, reclamaron ser reincorporados.
“Voluntariamente hemos votado por el no. ¿Por qué? Porque en ese momento el artículo 3 especificaba hasta el día de la fecha que el beneficiario debe cumplir un margen horario de 6 a 8 horas. Al día de la fecha sabemos que parcelas y otras áreas están solamente cumpliendo cuatro horas”, dijo María de los Ángeles Quiroga, una de las mujeres que hoy se manifestó frente a la ex Colonia.
Una de las cuestiones que la mujer apuntó es que, contrario a lo que dice la ley, hay parcelas que están trabajando 4 horas por día, como ya lo informó este medio. Desde el área de Prensa de Desarrollo Social, cuando finalmente respondieron las consultas de este medio, negaron que hubiese parcelas que solo trabajan cuatro horas, a pesar de que son múltiples las fuentes que así lo afirman. Esta no es la primera vez que el Ministerio de Desarrollo niega información relacionada al Plan, por más que la realidad señalara todo lo contrario. El mejor ejemplo es lo ocurrido previo a las elecciones provinciales, cuando se ofrecía el pase a contrato a los beneficiarios de Inclusión que trabajaban en distintas dependencias del Gobierno. En ese entonces, La Gaceta Digital consultó al Ministerio de Desarrollo Social si esto era cierto y lo negaron rotundamente. Meses después, los ofrecimientos de pase a contrato quedaron 100% confirmados con los reclamos de Inclusión Social y las medidas tomadas por el oficialismo para apaciguarlos.
Quiroga también señaló que, el año pasado, se estableció que se debía optar entre planes nacionales e Inclusión Social, a excepción de la AUH y la Tarjeta Alimentar, pero que esto tampoco se cumple. “Si percibe un plan nacional o de otras características debe elegir entre un beneficio y otro. Sabemos hoy que la totalidad de las compañeras que tienen potenciar trabajo y otros están cobrando ambos beneficios”, sostuvo la mujer.
“Acá no hay ningún vago. Nosotros en ese momento votamos por el no porque nos aferramos a la idea de un trabajo mejor. Entonces, ¿qué hicimos? Nos quedamos con la changa de albañilería, de limpieza, de electricidad. Se agrava la situación del país y la clase media ya no quiere ampliar su casa, no puede directamente, no puede hacer un trabajo electricidad, un trabajo de plomería, ya no necesita la compañera para los quehaceres domésticos y esto es lo que agravó la situación. No somos vagos, somos gente que optamos por un trabajo mejor y seguramente cuando la situación mejore vamos a ser los primeros en volver a elegir un trabajo mejor porque la esperanza no la hemos perdido pese a la situación difícil que estamos pasando”, concluyó la mujer.
