El lunes que viene comienza el ciclo lectivo 2024 en toda la provincia, pero la Municipalidad, bajo la gestión de Gastón Hissa, todavía no ha precisado la modalidad de inscripción y renovación del boleto estudiantil gratuito; y menos aún si habrá algún tipo de cambio en la modalidad de implementación, dentro de lo permitido por la ordenanza vigente. A esto se suma el brutal aumento de la tarifa de Transpuntano, que se fue de $70 a $250, lo que afectará el bolsillo de muchas familias de manera directa.
En este contexto, concejales del Frente Justicialista de San Luis enviaron una nota al intendente, Gastón Hissa, solicitando que se les informe “de qué manera se implementará en el corriente año habida cuenta que el día 26 de febrero inician las actividades escolares, denominado inicio del periodo áulico”.
La nota enviada por los opositores destaca además que “en el presupuesto 2024, aprobado por UNANIMIDAD del Honorable Concejo Deliberante, mediante Ordenanza N° III-1049-2023 se ha contemplado una partida específica de $300.000.000 previendo alcanzar a 15.000 estudiantes”; señalando además que “es necesario hacer saber que años anteriores, durante el mes de febrero se comunicaba que quienes ya contaban con el beneficio tenían automáticamente los boletos acreditados desde el lunes que iniciaba la actividad escolar, dándoles tiempo hasta fines del mes de abril para renovar el trámite”.
En este sentido, cabe recordar que, el año pasado, la Municipalidad comunicó el 23 de febrero que, el 27 de ese mismo mes, se iba a habilitar el trámite del boleto para quienes lo tenían que sacar por primera vez, proveyendo además las instrucciones para quiénes necesitaban renovarlo.
En 2023, las clases empezaron el primero de marzo, por lo que el anuncio de la gestión Tamayo fue 6 días antes del comienzo. Hissa todavía está dentro de un plazo similar, pero sin lugar a dudas la incertidumbre este año es mucho mayor debido a los grandes cambios de políticas a nivel nacional y provincial, a lo que se suma el aumento de Transpuntano.
“Esperando su respuesta a lo solicitado en un plazo de 48 horas, y bajo pena de iniciar las acciones legales correspondientes por el incumplimiento, según se establece en el art. 2° de la mencionada Ordenanza, que dice: ‘El Poder Ejecutivo Municipal, a través de la Dirección de Transporte, será el ente encargado de reglamentar y controlar todos los aspectos inherentes a la puesta en marcha y ejecución de la presente ordenanza’”, concluye la nota enviada por los concejales justicialistas.
