Quince municipios de la provincia de San Luis interpusieron en el Superior Tribunal, una acción declarativa con pedido de inconstitucionalidad y medida cautelar, ante la derogación del Tratado de La Toma que hizo el gobernador Claudio Poggi por decreto. El Tratado de La Toma, firmado por los 63 municipios de la provincia en la gestión de Alberto Rodríguez Saá, estableció la transferencia de fondos coparticipables para que cada municipalidad pagara salarios por encima de la línea de pobreza fijada por el INDEC.
“Poggi se solidariza con el Gobernador de Chubut, porque directamente una acción le quitó los fondos. Yo preferiría que él se solidarice con los municipios puntanos porque le sacó los fondos que eran para que los empleados municipales ganen por encima de la línea de pobreza”, consideró el abogado Leonardo Martínez Herrero en declaraciones a La Gaceta Digital.
Poggi revocó el Tratado de La Toma con el decreto Nº 35-MG-2024 para con el argumento de “no agravar la situación financiera de la Provincia y que las consecuencias negativas se trasladen a las comunas que conforman la Provincia de San Luis”, como informó La Gaceta Digital el 11 de enero.
“Eso tiene una inconstitucionalidad muy profunda. De hecho que no están normados los DNU en la Constitución de la Provincia de San Luis, con lo cual no podría haberse dictado. Esas facultades que él se confiere en ese decreto están prohibidas por la Constitución y la normativa legal, no solamente de San Luis, sino de toda la República Argentina. Tengamos en cuenta que el tratado de la toma fue un convenio firmado entre el municipio y la Gobernación, por lo tanto no puede el Poder Ejecutivo, a su libre arbitrio, derogarlos al igual que los convenios específicos”, analizó Martínez Herrero.
El letrado detalló que hizo una presentación judicial por cada uno de los siguientes municipios: La Toma, Buena Esperanza, Nueva Galia, Batavia, Fraga, Fortín del Patria, Bagual, Fortuna, Arizona, Estancia Grande, San Martín, Saladillo, Rincón de Carmen, Renca y Juan Jorba.
Las presentaciones ante el Superior Tribunal están en diversos estados de avance. En cinco acciones, el Superior Tribunal debe correr traslado al Gobierno y en ocho se corrió vista a Procuración. Las restantes dos presentaciones se espera que el máximo tribunal puntano emita el primer despacho.
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