A los lamentables hechos del pasado viernes tras el discurso de apertura de sesiones del intendente, con empujones y manotazos a periodistas que trataron de entrevistar a Gastón Hissa, se suma una denuncia de supuestos “allanamientos ilegales” que se habrían realizado en el despacho de dos concejales de la oposición: Juan Martín Divizia y Andrés Russo.
Así fue denunciado por el opositor Alejandro Cordido, cuando presentó una moción de preferencia para un pedido de informe, apuntado al gobernador, Claudio Poggi; para que “indique quienes son las personas de la fuerza de seguridad provincial que, vestidos de civil, realizan tareas de inteligencia en el edificio del HCD, en particular durante el mes de enero 2024 y en el inicio de sesiones ordinarias de este cuerpo del viernes 01 de marzo de 2024, explicitando motivos y fines”. El proyecto también apunta a la presidenta del Concejo Deliberante, Agustina Arancibia Rodríguez, para que “detalle y explicite las decisiones administrativas formales o de hecho que emitió para el diseño del protocolo y medidas de seguridad adoptadas en el marco de la sesión del 01/03/2024”. Esto último se debe a que el intendente Hissa se lavó las manos de toda la controversia, alegando que el operativo de seguridad fue diagramado por el Concejo Deliberante.
“Deberá informar detalladamente las medidas de seguridad adoptadas, la participación de fuerzas de seguridad uniformada y de civil, los requerimientos formales efectuados a dichas fuerzas y el dispositivo de seguridad diseñado con personal a cargo del empleado municipal Sr. (Néstor) Magallanes (conforme las expresiones públicas del Sr. Intendente que señalan que toda la seguridad estuvo a cargo del HCD)”, dice el proyecto, el cual también tiene un párrafo que apunta al intendente, solicitándole información similar, pero sobre su protocolo de ingreso (“en contramano”) al Concejo.
En cuanto a los allanamientos, Cordido manifestó que implica una “extrema gravedad” que “haya agentes de inteligencia sin ninguna identificación aparentemente sin orden de la autoridad competente” en el Concejo. De acuerdo al edil, la presencia de estos agentes de inteligencia se remonta al mes de marzo.
“Nos parece de extrema gravedad institucional por eso no sólo es un pedido de informe, sino que es un pedido de intervención del propio gobernador, por un lado, y por el otro lado, a usted presidenta. Este pedido se lo hacemos también a usted en el artículo 2 de este proyecto, justamente para que pueda comunicarnos e informarnos si esas fuerzas de seguridad sin identificación fueron autorizadas por usted. Si los allanamientos a los despachos fueron autorizados o usted estaba en conocimiento si no estaba en conocimiento, si se recabaron y se resguardaron las cámaras como se le solicitó y quién dispuso todo el operativo de seguridad que entre otras cosas fue discriminatorio violento y excluyente”, argumentó Cordido, realizando una moción de preferencia, para que el proyecto sea tratado el día de hoy.
“No vamos a estar siendo ni perseguidos políticamente ni perseguidos personalmente ni espiados ni investigados de manera ilegal y que fundamentalmente cada ciudadano que quiera venir a la casa de la democracia pueda circular sin restricciones ilegales, ilegítimas y arbitrarias”, agregó Cordido.
Más allá de lo interesante de todo el planteo, el oficialismo no tuvo la más mínima intención de hablar sobre el tema, limitándose a levantar la mano para rechazar la moción de preferencia, por la cual este proyecto ingresará en el próximo orden del día (o sea, la semana que viene) y se le dará giro a comisión, de donde seguramente nunca saldrá.
