Ante el rechazo de la apelación en segunda instancia quedó firme la orden judicial de reincorporar a los 14 trabajadores del Concejo Deliberante de planta permanente que habían sido dados de baja por la presidente del cuerpo legislativo, Agustina Arancibia Rodríguez. La orden judicial se iba a cumplir este viernes por la mañana, pero se deben definir las condiciones de la reincorporación en relación a los puestos de trabajo y horarios. A pesar de que los trabajadores serán reincorporados, el abogado de los amparistas aseguró que se seguirá la causa contra Arancibia Rodríguez por supuesto incumplimiento de una orden judicial. El Ministerio Público Fiscal pidió a un juez que fijara fecha de audiencia para la formulación de cargos.
“Esta mañana el doctor Muñiz (abogado del Concejo Deliberante) se comunicó conmigo y me dijeron que a las 11 los iban a reincorporar. El problema está que hay cambios de horarios y las familias tienen organizadas su vida en base a un horario. Lo estábamos analizando con colegas y con los propios empleados, la nota que nos reincorpora a criterio del suscripto es muy vaga, entonces queremos fijar algunas condiciones antes de firmar. Acabo de hablar con la jefa de Recursos Humanos y le dije que la resolución cautelar indica que deben ser reincorporados en las mismas funciones que tenían antes de que fueran desafectados por la Resolución 06”, explicó el abogado de los trabajadores, Esteban Badra.
Estos empleados se desempeñaron como personal contratado hasta el 31 de diciembre de 2023. Fueron pasados a planta permanente desde el 1° de enero de 2024 por una resolución aprobada por el Concejo el 16 de noviembre de 2023 por 10 votos positivos contra 1 negativo.
El letrado aseguró que, en estos ocho meses en que los trabajadores han acudido al Concejo sin que se les asignen tareas, no han cobrado sus salarios ni tampoco se les liquidó los días trabajados de enero.
Como informó La Gaceta Digital esta mañana, el Ministerio Público Fiscal solicitó este jueves al juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes, que “fije fecha para la formulación de cargos” en la causa “Arancibia Rodríguez Agustina (imputada) – Ayala Laura y otros (denunciantes) – averiguación de incumplimiento de orden judicial”.
“Es un delito consumado, así lo va a sostener esta defensa, es un delito consumado”, afirmó Badra sobre la continuidad de este expediente a pesar de la reincorporación de los empleados.
Por otra parte, se le preguntó sobre los $150.000 diarios de astreintes por no cumplir no haber cumplido la orden judicial de reincorporación que fijó la jueza Civil y Comercial N° 3, Valeria Benavidez. El letrado calculó que más o menos se acumularon más de $20 millones en concepto de astreintes. Este dinero se deberá pagar con fondos del Concejo.
“No se respetó el Estado de Derecho, acá no se respetó el Poder Judicial. Poco menos se la destituyó de facto la doctora Benavidez cuando se propuso esta resolución”, consideró el abogado.
