Esta semana se conoció que el fiscal adjunto Andrés Salas deberá enfrentar un juicio oral por las denuncias por violencia de género e incumplimiento de órdenes judiciales, en perjuicio de su ex pareja e inclusive hijas. Las denuncias se conocían en los pasillos de Tribunales desde hace tiempo y se percibía una suerte de no avance en la causa que generaba un cierto descontento en el ámbito judicial, debido a la magnitud de las acusaciones y el hecho de que Salas sea un funcionario público.

Lo cierto es que la defensa de Salas, la querella y fiscalía habían llegado a un acuerdo de probation, que es la suspensión del juicio a prueba a cambio de que el imputado cumpla determinadas reglas de conductas durante un período de prueba fijado por la Justicia. En este caso, se trataba de la internación de Salas en una clínica psiquiátrica privada, en otra provincia, para realizar un tratamiento acorde.

“Hubo muchas pericias psiquiátricas, en donde se determina cierta peligrosidad o que hay una cuestión de carácter que se debe mejorar y la única forma de hacerlo es con una internación, el control de los impulsos, etc”, comentó el abogado Santiago Calderón Salomón, quien representa a la ex pareja del fiscal adjunto, en declaraciones a La Gaceta Digital.

Sin embargo, a último momento, la titular de la Defensoría de Niñez Adolescencia e Incapaces Nº 2, Marcela Torres Cappiello, se opuso a la probation, remarcando que esta figura no es habitual en casos de violencia de género y sentó su jurisprudencia. Y a pesar de que la denunciante había prestado acuerdo a la probation, la jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo, decidió no validarlo y elevó la causa a juicio.

La denuncia en contra del fiscal detalla episodios donde Salas amenazó y hostigó a su ex pareja, violando repetidamente las restricciones de acercamiento impuestas por la Justicia. Además, un informe socioambiental y un estudio psiquiátrico confirman su conducta violenta y su baja tolerancia a la frustración.

A pesar de las medidas cautelares, Salas continuó acosando a su ex pareja mediante llamadas y mensajes amenazantes, incluso ingresando a su residencia en violación de las órdenes judiciales. Las evidencias presentadas incluyen audios y mensajes donde el fiscal expresaba su intención de agredir tanto a su expareja como a cualquier persona con la que ella estuviera involucrada. Debido a la gravedad de los hechos, Salas ahora usa una tobillera electrónica y tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de su ex pareja e hijas.