Tras un debate de 4 horas del presupuesto 2025, el oficialismo de la Cámara de Diputados logró la aprobación de la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), comprendido dentro de la Ley de Bases que impulsó la presidencia de Javier Milei. Si bien se esperaba un acalorado debate de este tema, el mismo solo duró 30 minutos
El breve tratamiento de este polémico tema estuvo marcado por la presencia de activistas ambientales que hicieron oír sus voces desde las gradas, interrumpiendo en múltiples ocasiones al diputado Carlos Pereira, quien fue el miembro informante del oficialismo sobre este proyecto. Pereira explicó que esta adhesión, al igual que el RIGI, tiene como objetivo “incentivar las grandes inversiones nacionales y extranjeras, a los fines de garantizar la prosperidad del país”, desarrollar la competitividad de los diversos sectores económicos, incrementar la exportación de mercaderías y servicios al exterior, favorecer la creación de empleos y generar condiciones de “previsibilidad y estabilidad” para atraer inversiones.
En particular, el diputado oficialista destacó el potencial de San Luis en lo que respecta a industria tecnológica y la generación de energías limpias, como parques solares y energía eólica. En medio de esto, desde las gradas le gritaban cosas como “no sabe” o “repite como un loro cosas que desconoce”, llevando a Pereira a responderles cosas como “soy autor de numerosas publicaciones sobre el tema” y “callate”.
Pasado este pequeño lapsus, y ante la enésima amenaza del presidente de la Cámara de desalojar las gradas, Pereira aseguró que, con el artículo 2, se apunta a “excluir cualquier posibilidad de desarrollo de megaminería o minería metalífera”, ratificando la vigencia de la ley 0634/2008 de Preservación y Restauración Ambiental del Sector Minero. En particular, el diputado destacó el artículo 1, el cual da un largo listado de sustancias químicas prohibidas “a los efectos de garantizar la preservación de los recursos naturales y para proteger el recurso hídrico, la biodiversidad y calidad de vida de los habitantes”.
Finalmente, Pereira explicó que este artículo se rige por el 47 de la Constitución Provincial, el cual establece que corresponde “al Estado controlar y prevenir la contaminación y sus efectos”; y en el título segundo de la Constitución Nacional, que habla de las facultades de la provincia no delegadas a la nación. “Es importante que destaquemos que los recursos naturales son dominio originario de la provincia”, acentuó Pereira. A esto, le agregó que el artículo 3 destaca que la autoridad de control es el Ministerio de Desarrollo Productivo, o el que lo reemplace. “Hemos tomado para nosotros el poder de policía de cualquier inversión que pudiera poner en crisis lo que hemos excluido de la adhesión nacional”, concluyó Pereira.
Por el lado de la oposición, Gloria Petrino aseguró que la mayoría de los diputados del oficialismo le han dicho que no están de acuerdo con el RIGI, pero que “no pueden” votar en contra. Petrino les pidió que reflexionen y advirtió que con la aprobación de este proyecto “se van por lo menos 2 o 3 generaciones”. La opositora luego leyó el artículo 165, el cual señala que el Congreso Nacional tiene facultades “para legislar por sobre todo cuando es para el progreso y el bienestar”, incluida la Constitución de nuestra provincia.
Petrino continuó su alocución remarcando que el RIGI establece que todas estas “grandes inversiones” son de “interés nacional”. “Esto significa que toda la otra normativa subordinada y sometida a la ley que establece el interés nacional. Todo”, dijo la opositora, quien luego leyó otro artículo más de la ley nacional.
“Quiere decir que el bendito artículo 2, y así le hubieran puesto 10 o 20 artículos, son nulos de nulidad absoluta. Anula cualquier norma que nosotros quisiéramos incorporar”, dijo Petrino. “Estamos entregando nuestra soberanía al ministro de Economía de turno. Hoy Caputo, mañana será otro. Lo que sí sabemos es que va a disponer de nuestro suelo y de nuestra agua, de nuestro futuro, de nuestra salud, de la verdadera prosperidad de nuestro pueblo por 30 años por lo menos”, añadió la opositora, pidiendo que la miren a los ojos y llamando “cobardes” a los oficialistas.
El debate llegó a su fin minutos después, con la presidenta del oficialista, Eugenia Gallardo, quien pidió el cierre del mismo, ya que, ante los gritos desde las gradas, no estaban “garantizadas las condiciones” del debate. Luego de que se aprobó el cierre del debate, indefectiblemente se aprobó la adhesión al RIGI por 23 votos afirmativos, del poggismo y sus aliados.
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