El proyecto de reforma del Código Contravencional de San Luis obtuvo ayer media sanción en la Cámara de Diputados por unanimidad, luego de un proceso de consenso liderado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Carlos Pereira, quien contó que el trabajo implicó la articulación de distintas miradas políticas, logrando un acuerdo amplio en respuesta a las demandas de la comunidad. Entre las modificaciones incorporadas, se destacan contravenciones relacionadas con la salud, la educación y transgresiones o violencia digital.
Pereira señaló que la reforma incluye sanciones para agresiones en entornos de salud y educación, así como para actos de violencia digital, otorgando a los jueces de contravenciones la posibilidad de imponer multas y trabajos comunitarios. “Era importante porque no lo teníamos legislado y hemos advertido en los últimos tiempos que, en la pospandemia, con el aumento del uso de dispositivos tecnológicos y digitales, y el uso cada vez más constante de plataformas y redes sociales por parte de niños y adolescentes, nos hemos visto urgidos a proteger a estos usuarios”, expresó el diputado. Además, mencionó la inclusión de sanciones para situaciones como la publicación no autorizada de imágenes íntimas, conocidas como sextorsión, y los agravios al personal de la salud y de la educación.
Parte del proceso de trabajo en comisión consistió en reuniones con jueces contravencionales y de familia, quienes, según Pereira, “estaban requiriendo esta herramienta”. La consulta con el Poder Judicial fue un elemento clave, ya que permitió adecuar la legislación a las necesidades que los jueces perciben en sus ámbitos de intervención. La Comisión de Asuntos Constitucionales también trabajó en la inclusión de responsabilidades para los padres o tutores de menores que cometan hostigamiento digital, buscando reforzar la supervisión de los adultos en el uso de tecnologías.
El proyecto de reforma establece contravenciones específicas para actos de violencia en el ámbito de la educación y la salud, buscando proteger a docentes, personal sanitario y estudiantes de agresiones físicas, verbales y digitales. Entre estas contravenciones se incluyen agresiones a profesionales de la salud durante guardias o terapias, así como el hostigamiento y los agravios hacia docentes en las instituciones educativas. Las sanciones para estos casos incluyen tanto multas económicas como la realización de trabajo comunitario, una medida que, según explicó el diputado Pereira, tiene como objetivo no solo disuadir, sino también responsabilizar a los agresores y a los tutores en casos de menores involucrados.
El proyecto tuvo su origen en una propuesta de la diputada Fernanda Spinuzza, orientada inicialmente a la violencia digital, que se sumó al proceso de renovación del Código Contravencional que Pereira y el diputado Cristian Gurruchaga estaban desarrollando. “Así que, aquí hay una reforma muy importante que hemos realizado y, como digo, no es común lograr el apoyo de todas las fuerzas políticas. Pero en este caso, bueno, tuvimos disposición a encontrarnos y lograr resultados para una comunidad que nos estaba demandando este tipo de legislación. Trabajamos mucho y nos pusimos de acuerdo, lo que resultó en un trabajo muy eficaz y satisfactorio”, comentó Pereira.
Para Pereira, el consenso fue posible porque se enfocaron en la importancia de responder a problemáticas prioritarias para la sociedad, sin importar las afiliaciones políticas. “Como político, lo que entiendo es que los legisladores deberíamos dejar de tener en cuenta la orientación política o el espacio al que pertenece cada legislador y tener un entendimiento, un encuentro, un consenso, en una cantidad de políticas o temas que están en la agenda pública; en orden a perfeccionarnos y no especular con el rédito o la autoría del proyecto”.
Destacó que el dictamen final fue una versión superadora de las iniciativas originales, tanto la de Spinuzza como la de Gurruchaga, al integrar distintas propuestas y mejorar su alcance. “Hay una pluralidad de autorías al momento de un dictamen, porque vos tenés a la vista algunos proyectos, los considerás, los estudiás y los analizás; pero después terminás dictaminando, mejorando y perfeccionando esas iniciativas”, explicó Pereira.
El diputado también adelantó que la comisión tiene otros proyectos en agenda para el resto del año, incluyendo la regulación de la kinesiología y fisioterapia, así como el juego online, proyectos que espera “armonizar” para seguir brindando soluciones legislativas en respuesta a las demandas de la sociedad.
“Después entiendo que hay otras cuestiones que tienen que ver con la gobernabilidad, donde es natural que no nos entendamos (con otros bloques). Pero fuera de esos temas, en lo demás tenemos que darle a la sociedad las herramientas que necesita y ayudar al Poder Ejecutivo para que accione esas herramientas que legislamos y que no queden en letra muerta”, concluyó Pereira.
