Este mediodía, el Senado provincial dio media sanción a dos iniciativas del Ejecutivo provincial, el Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas y el Consejo Provincial de Discapacidad, y convirtió en ley al Sistema de Recupero de Salud, el cual tiene como objetivo cobrar más dinero a los obras sociales y prepagas cuyos afiliados se atiendan en el Sistema Sanitario público.
El senador Adolfo Castro Luna, miembro informante del proyecto de creación del Sistema de Recupero de Salud, destacó que la iniciativa busca actualizar y formalizar los mecanismos de facturación a las obras sociales, empresas de medicina prepaga y otros sujetos obligados. Según explicó, la provincia percibía 1.267 pesos por consulta médica a través de un recupero parcial de Nación, monto que, con la implementación del nuevo sistema, ascenderá a 3.000 pesos. Por su parte, las prestaciones médicas tendrán un incremento promedio del 500%.
Castro Luna señaló que, a septiembre de este año, el sistema recaudó 252 millones de pesos, mientras que con la nueva normativa se estima una recaudación de 1.550 millones de pesos. Los fondos adicionales serán distribuidos en un 30% para inversiones en hospitales y centros de atención primaria, 30% para un fondo solidario destinado a enfermedades de alto costo y baja incidencia, y 40% para el personal de salud. Además, se establecerá un nomenclador que será actualizado periódicamente por el Ministerio de Salud.
El legislador enfatizó que el sistema no está diseñado para cobrarle a las personas, sino exclusivamente a las entidades de salud privada y otros sujetos obligados. A su vez, resaltó que este cambio legislativo apunta a modernizar el sistema, garantizar el acceso equitativo a la salud y evitar que las entidades privadas se beneficien de desactualizaciones y vacíos legales.
El único opositor que habló del tema fue Hugo Olguín, quien expresó su apoyo al proyecto de ley del Sistema de Recupero de Salud, aunque advirtió sobre varias falencias que, según señaló, podrían comprometer su implementación. Entre sus críticas, destacó la ausencia de mecanismos claros para garantizar que las obras sociales y otros sujetos obligados cumplan con los pagos establecidos, así como la falta de penalidades en caso de incumplimiento. También cuestionó la equidad en la distribución de los fondos, al no asegurarse que los recursos recuperados beneficien directamente a los efectores públicos que los generaron.
Además, Olguín mencionó que el proyecto presenta problemas de operatividad normativa, como la creación de un nomenclador independiente que podría generar conflictos con el sector privado y la legislación nacional. Subrayó la necesidad de prever mejoras en infraestructura y capacitación para afrontar las demandas del nuevo sistema y advirtió que, al enfocarse en la recuperación de costos, el acceso a la salud podría verse limitado para los sectores más vulnerables. A pesar de estas observaciones, manifestó que su bloque acompañará la iniciativa, solicitando una evaluación de resultados en el futuro.
Por su parte, el oficialista Sergio Guardia expuso sobre el proyecto de creación de un registro de huellas genéticas digitalizadas en la provincia, el cual permitirá fortalecer las investigaciones policiales y judiciales, destacando que esta herramienta es esencial para prevenir delitos, reducir los tiempos procesales y garantizar la identificación precisa de los responsables. Comparó la propuesta con el exitoso modelo implementado en Mendoza, donde, desde 2017, se han esclarecido más de 1.400 delitos gracias a un sistema que ya cuenta con 85.000 perfiles genéticos. “En nuestra provincia, contar con un registro similar nos va a dar beneficios concretos, como la seguridad para las personas inocentes, que serán exoneradas rápidamente”, afirmó.
Guardia también señaló las falencias del sistema actual, limitado a personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, lo que deja de lado a otros imputados o posibles responsables en investigaciones. En este sentido, el registro que se prevé para San Luis incluirá datos de personas condenadas, imputadas y detenidas, así como de agentes de seguridad y funcionarios del Poder Judicial.
Asimismo, criticó la incompatibilidad del sistema informático provincial con otros registros nacionales, lo que dificulta el intercambio de información. “En Mendoza, utilizan el sistema CoDIS, desarrollado por el FBI y empleado en más de 1.600 laboratorios del mundo, lo que demuestra la efectividad de su enfoque”, comentó. Esto se complementa con “Rapid Hit”, un robot que procesa muestras y entrega resultados en sólo 90 minutos.
El legislador enfatizó la importancia de garantizar la protección de los datos personales mediante estrictas medidas de seguridad y auditorías regulares, destacando que la propuesta se ajusta a la normativa de la Ley 25.326 de protección de datos. Además, mencionó que el proyecto incluye disposiciones transitorias para asegurar la correcta implementación del registro.
Sin mediar palabra de la oposición, este proyecto se aprobó por la unanimidad de los 6 legisladores presentes, obteniendo media sanción para ser remitido a la Cámara de Diputados.
También obtuvo hoy media sanción la creación del Consejo Provincial de Personas con Discapacidad (Coprodis) en San Luis. Este organismo estará dedicado a garantizar los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión plena y efectiva en la sociedad. Entre sus principales objetivos se encuentran la eliminación de barreras, la igualdad de oportunidades y la planificación de políticas públicas que favorezcan la integración social, educativa, laboral y cultural.
El senador Diego García destacó que el Coprodis estará compuesto por representantes de diversas áreas gubernamentales, organizaciones civiles, familias y cuidadores. “El Consejo buscará coordinar acciones que garanticen el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, las leyes provinciales y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, afirmó. Además, enfatizó que el organismo articulará con el Consejo Federal de Discapacidad y fomentará la creación de consejos municipales en toda la provincia.
Entre sus tareas principales, el Coprodis deberá analizar la legislación vigente y proponer reformas, elaborar informes para organismos nacionales e internacionales y promover proyectos educativos que combatan la discriminación. También se encargará de supervisar la implementación de políticas inclusivas en áreas como salud, empleo y accesibilidad. La propuesta incluye la creación de una Red Provincial de Discapacidad y un reglamento interno que regulará su funcionamiento, con comisiones específicas para abordar diversas temáticas relacionadas con la discapacidad.
