Esta tarde, como siempre ocurre para esta época del año, el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis aprobó la Emergencia Económica, Financiera, Administrativa, del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, Emergencia Hídrica y del Sistema de Provisión de Agua Potable. La medida, que regirá desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025, fue sancionada por 8 votos afirmativos del oficialismo contra 7 negativos de la oposición.
El presidente del bloque oficialista, Mario Silvestri, defendió la declaración de emergencia argumentando que responde a una situación crítica que atraviesa el municipio. Silvestri afirmó que factores como la “recesión económica y caída del consumo” impactaron gravemente los ingresos municipales, tanto por coparticipación como por otros rubros vinculados al movimiento económico.
A esto le sumó las clásicas críticas a la gestión de Sergio Tamayo. “Recordar también cómo se recibió este municipio, en situación crítica financiera. Aún no se equilibró el barco”, dijo el único oficialista que habló sobre el tema, mencionando cuestiones como “las deudas de Transpuntano” y el estado “deplorable” de las plantas potabilizadoras de agua.
Silvestri también remarcó que la emergencia permitirá al municipio cumplir con sus “obligaciones para el bienestar común de todos los ciudadanos” y mencionó, en lo referido al cuidado del agua, que fue parte del proyecto Salt River Project, que se ocupa de la provisión del líquido elemento a la desértica ciudad de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, lo que se convirtió en el objetivo de múltiples comentarios sarcásticos de la oposición.
Por su parte, Juan Martín Divizia, presidente del bloque del PJ, reconoció las dificultades económicas, pero cuestionó la falta de planificación del Ejecutivo municipal: “Nadie desconoce este problema que está teniendo la Argentina. Necesitamos que empiecen a aplicar políticas públicas claras, nos hemos cansado de pedirlo, necesitamos una mirada a futuro del intendente, basta de hablar de la gestión anterior”.
El edil opositor pidió mayor claridad sobre el manejo del transporte público y planteó la necesidad de una postura firme frente a la proliferación de servicios ilegales. También criticó la falta de planificación en relación al abastecimiento de agua, aludiendo a los problemas en el acueducto que conecta a San Luis con Juana Koslay, asegurando que la localidad vecina le quita el recurso a la Capital. “El intendente no es el alcalde de Phoenix, Arizona. Y acá Toti Videla maneja que el norte y sur de San Luis tengan agua. Es el mismo acueducto, es un caño y le sacan antes, y el que saca antes tiene el caño lleno de agua”, disparó Divizia.
Desde la oposición, Andrés Russo fue categórico en su rechazo al proyecto y señaló inconsistencias en los argumentos del oficialismo y las críticas a la gestión anterior. “La emergencia está calcada (a la de la gestión anterior). El manejo del agua, si era tan malo, ¿por qué lo hacen igual?”.
También acusó al Ejecutivo de ocultar recursos financieros. “Están forrados en plata y no lo quieren mostrar”, dijo Russo, quien repasó el superávit del municipio que ha mencionado en múltiples sesiones y el hecho de que “no pusieron los 6 mil millones que les regaló papá Poggi”.
Russo cuestionó además la falta de transparencia del gobierno municipal, destacando que hay 1.004 decretos que no han sido publicados porque “ahí se verían que tienen la plata, cómo hacen contrataciones directas a mansalva” y el hecho de que funcionarios cobran sobresueldos a través de Transpuntano, como ya publicó este medio, o viáticos de viajes.
Sin mediar palabra alguna del resto de los concejales del oficialismo, el proyecto se aprobó por la mayoría oficialista.
Luego, Juan Martín Divizia pidió el tratamiento sobre tablas de un proyecto del PJ para declarar la emergencia ambiental, que también rechazó el oficialismo, como pasó con los proyectos de la banca joven que hoy pasaron por el Concejo. Acto seguido, mientras se trataba una cuestión de privilegio planteada por Russo en contra de los miembros del Tribunal de Cuentas, el oficialismo se retiró, la sesión quedó sin quórum, poniéndole fin a uno de los años más vergonzosos de la historia del Concejo.
“Este bochorno que acaban de hacer es, ni más ni menos, que la consagración de cómo se han dedicado a destruir la institucionalidad de este Concejo Deliberante”, les dijo Alejandro Cordido, quien en la sesión de hoy habló más de 2 horas. En el tintero quedó el reclamo de los taxistas, que la oposición pidió que se trate hoy y la presidenta del Concejo, Agustina Arancibia, les dijo que debían esperar al final de la sesión para incorporarlo al orden del día.
