En la sesión de este jueves del Concejo Deliberante capitalino, el poggismo nuevamente logró bloquear el tratamiento sobre tablas de varios proyectos del peronismo. Uno de ellos fue el tratamiento sobre tablas de un proyecto de pedido de informe por el anticipo de coparticipación de $3.000 millones que el Gobierno provincial otorgó a la Municipalidad de San Luis. Desde la oposición se argumenta que el anticipo es un crédito y se necesita la autorización del Concejo. Por su parte, el oficialismo sostiene que el anticipo es una herramienta legal y no es un préstamo. Ambos coinciden en que el municipio tuvo un superávit en el primer trimestre del año.
El jueves 8 de mayo salió publicado en el Boletín Oficial el Decreto Nº 3470-MHIP-2026 (con fecha del 15 de abril) por el cual el Ejecutivo provincial otorgó un anticipo de coparticipación por $3.000 millones a la gestión de Gastón Hissa “para continuar saneando las cuentas del Municipio y hacer frente a los compromisos y obligaciones de pago asumidos, a fin de no afectar derechos de terceros, como así también hacer frente a las licitaciones públicas que se encuentran en trámite, y cubrir obligaciones financieras extraordinarias”.
“Lo que nosotros queremos saber es para qué y cómo se va a devolver, porque en ningún lado queda especificado. Entendemos que los adelantos de coparticipación son créditos porque se deben. Tiene que haber más claridad con respecto a esto. Esta discusión ya la tuvimos en el año 2024, cuando el intendente le adelantaron $5.900 millones, y al cierre del ejercicio se vio que había $1.800 millones sin devolver y que nunca supimos, que creo que lo vamos a ver en la cuenta inversión 2025, a ver si fueron devueltos”, señaló el edil opositor Andrés Russo.
El legislador peronista remarcó que para tomar un crédito se debe tener la autorización del Concejal Deliberante, según lo establece el artículo 45 de la Carta Orgánica Municipal. “Nosotros entendemos que esto es un crédito, y hay mucha jurisprudencia con respecto al tema. Mencioné antecedentes como el ex concejal, actual ministro Guillermo Araujo, que cuando recibieron en la gestión de Tamayo un anticipo, él fue uno de los primeros que lo expresó, fue al Tribunal de Cuentas en su momento, y el Tribunal le hizo lugar a su reclamo. Se entendió que era un crédito”.
Por otra parte, Russo argumentó que en la primera rendición trimestral, la Municipalidad “tuvo un exceso financiero de $4.900 millones. Es un superávit financiero, porque hay un déficit enorme en los servicios públicos y, sobre todo, en los salarios de los trabajadores. Entonces, el superávit está en los bancos”.
Durante la sesión, Mixci Lizbeth Huatay, titular de la bancada oficialista, manifestó que no se acompañó el tratamiento sobre tablas del pedido de informe porque “el otorgamiento del anticipo de coparticipación es una herramienta financiera legal. Se quiere hacer creer o instalar la versión de que solicitar un anticipo de copa es algo irregular o que es un préstamo, no lo es. Son recursos que le corresponden al municipio”.
La concejal poggista expresó que el superávit del primer trimestre “habla de de un manejo responsable de las finanzas, del dinero de los vecinos, donde también se tiene que resguardar los sueldos de los empleados”.
El tratamiento sobre tablas del pedido de informe fue rechazado por 9 votos a 6. Por lo tanto, el proyecto fue remitido a la comisión correspondiente.
