El abogado Alejandro Miranda, representante legal de Silvia Lucero y Ceferino Escalante, denunció irregularidades en el marco de una causa de usurpación en El Milagro, tramitada en el Juzgado de Garantías N º 4, a cargo de la jueza Natalia Lazarte Otero. Según Miranda, el proceso presenta inconsistencias graves, lo que lo llevó a anunciar la promoción de un juicio político contra la magistrada.
Durante una conferencia de prensa, Miranda explicó que la causa se inició en 2021 tras una denuncia presentada por Vanessa Migliavacca, quien acusó a Lucero y Escalante de haber usurpado una porción de su campo. Sin embargo, según el abogado, la denunciante no habría acreditado adecuadamente la propiedad ni la ubicación del terreno supuestamente usurpado. “Nunca lo acreditó durante el expediente. Hemos insistido en que se precisara cuál es su campo, la superficie y la zona afectada, pero eso nunca fue demostrado”, afirmó.
Miranda señaló que, pese a la falta de pruebas, la jueza otorgó a Migliavacca el rol de querellante particular y ordenó el desalojo del terreno en disputa. “La jueza dictó una medida cautelar de lanzamiento sin tener certeza de cuál era la zona supuestamente usurpada. Incluso la jueza de paz lego, encargada de ejecutar la medida, informó que no podía hacerlo por la falta de precisión en el oficio”, detalló.
El letrado señaló además que “la juez de Paz le informó a la juez de Garantía que no podía ejecutar la medida porque no había precisado dónde tenía que hacerla”, razón por la cual Lazarte Otero “la excluyó del procedimiento y libró un oficio sin designar cuál iba a ser la autoridad que debía ejecutar esa medida cautelar”.
El letrado también indicó que la orden de la jueza de Garantía afectó a esta familia compuesta por cuatro personas, incluido un menor con discapacidad. Además, aseguró que los abogados de Migliavacca, luego de un oficio mal librado a la comisaría de Villa de la Quebrada, ejecutaron la medida en base a mediciones realizadas de forma particular, sin respaldo en el expediente judicial.
Miranda informó que, junto a sus representados, presentó una denuncia penal contra Lazarte Otero por considerar que se excedió en sus funciones al ordenar el desalojo. “La jueza, sin fundamentos jurídicos ni fácticos, prácticamente expropió esa fracción de terreno en favor de la denunciante y en perjuicio de Lucero y Escalante”, aseguró.
Asimismo, anunció que promoverán un jurado de enjuiciamiento contra la magistrada. “Esto es muy grave. La jueza se arrogó funciones que no le corresponden, vulnerando los derechos de mis clientes”, concluyó.