Este jueves, el fiscal José Olguín brindó detalles sobre las últimas novedades de la investigación por el presunto vaciamiento del Complejo Molino Fénix, en declaraciones realizadas a FM Latina. Además, se llevaron a cabo dos allanamientos en Villa Mercedes vinculados a la causa. Los operativos incluyeron la vivienda del ex jefe de prensa de Anabela Lucero, Sebastián Fernández, ubicada en Lamadrid al 639, y Radio Mercedes, donde trabaja Fernández. Según Olguín, este último fue considerado una persona “de interés en el hecho” a partir de los avances en la investigación.
El fiscal describió la complejidad de la causa debido a la falta de documentación. “El hecho de haber destruido la totalidad de la documentación del Molino hace que se retrase la investigación. Todo lo tenemos que investigar, todo lo tenemos que revisar, porque desgraciadamente fueron directamente destruidos los documentos que tenían referencia con eso”, indicó Olguín.
El fiscal también detalló que, tras asumir las nuevas autoridades en diciembre de 2023, se constató la ausencia de computadoras, impresoras y mobiliario. “Todo lo que era computadoras donde podía haber alguna información de la actividad, desapareció. Incluso los legajos personales. La persona que llegó ahí el 10 de diciembre del año pasado no sabía cuántas personas trabajaban y en qué condición”, dijo.
En cuanto a la carga de combustibles, Olguín explicó que “había una cuenta corriente” que fue utilizada para abastecer a 19 vehículos no pertenecientes a la repartición. “Tenemos las patentes y las personas que cargaban, entre ellos Scarel, entre ellos Lucero y demás personas. Estamos hablando de un gasto que rondaría cerca de los 8 o 9 millones de pesos en un periodo de dos años”, detalló.
También mencionó el caso de “una abogada que trabajaba para la señora Lucero como asistente en su labor de la Cámara de Diputados, pero se le pagaba con fondos del Molino. Facturaba al Molino y además tenía una cuenta de combustible”. En este sentido, el fiscal mencionó que también hay otros casos de “empleados que le servían a ella” (por Lucero), pero eran remuneradas con fondos del Molino. “Eso, por supuesto, era autorizado por alguien, pero ella era partícipe necesaria”, dijo Olguín, con respecto a la acusación en contra de la exdiputada.
Además, el fiscal mencionó que el transporte también fue una de las áreas investigadas. “Hay más de 30 viajes. Algunos directamente dicen al Partido Justicialista y de vuelta al Partido Justicialista. Otros a la Cámara de Diputados y demás circunstancias. Todos viajes pagados con fondos del Molino”, sostuvo, destacando de desde la empresa contratada han colaborado en gran medida con la causa. Además, señaló que el Molino tenía “movilidad propia y choferes propios. O sea, que no hacía falta contratar servicios o cosas por el estilo”.
Olguín adelantó que se está próximo a solicitar la formulación de cargos contra nuevos imputados, aunque aclaró que no puede brindar más detalles debido a que la investigación está en curso. “Tenemos que reconstruir toda la actividad del Molino desde cero. Hay más de cien entrevistas, numerosos oficios y medidas pendientes”, afirmó.
Los acusados actuales en la causa son Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Alberto Scarel y Diego Emanuel Torres, quienes fueron denunciados por “violación a los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado”. Según Olguín, también se está investigando el rol de Anabela Lucero, quien podría estar involucrada en el delito de peculado, entre otros posibles cargos.
