A casi cinco meses de la puesta en marcha de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia en el Ejercicio de la Función Pública, más conocida como Narcotest, el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, informó que la mayoría de los análisis realizados a funcionarios de los tres poderes del Estado arrojaron resultados negativos.
Hasta el momento, se realizaron sorteos sobre un universo de 1.700 funcionarios públicos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los cuales 420 fueron seleccionados para realizarse los estudios toxicológicos. “La mayoría ha concurrido al laboratorio de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis”, indicó Bazla, y aclaró que las pocas inasistencias “están totalmente justificadas” por actividades oficiales fuera de la ciudad capital.
En cuanto a los resultados, Bazla remarcó que “la mayoría son negativos, sí hay algunos positivos, cuyos titulares son las únicas personas autorizadas por la Ley para dar a conocer o no ese resultado”. En ese sentido, explicó que no se puede divulgar la cantidad de resultados positivos ni la identidad de los involucrados, ya que los análisis están protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales. “No vamos a ser nosotros en ningún momento y en ningún caso los encargados de revelar esa información”, señaló.
Los casos positivos están siendo abordados por el Centro de Prevención de Asistencia a las Adicciones (CPA), que determinará la estrategia terapéutica correspondiente. Bazla indicó que las personas tienen derecho a solicitar una contraprueba, que se realiza en la Universidad de Buenos Aires (UBA), según el convenio firmado con la UNSL. También aclaró que, en caso de no querer realizar la contraprueba, “está en todo su derecho de no hacerlo, independientemente de las consecuencias que eso puede significar”.
En relación a las sustancias detectadas, el funcionario detalló que “la mayoría de los casos es en benzodiazepinas, que incluye fundamentalmente o lo más conocido que es el clonazepam”. Agregó que los análisis contemplan un margen de tolerancia y que el resultado positivo puede deberse a un exceso en el consumo. Por eso, como paso siguiente, se solicitará a los involucrados la prescripción médica correspondiente.
Bazla también destacó que los casos positivos “son funcionarios del gobierno de la provincia, que incluye a los tres poderes”, pero reiteró que no se pueden brindar precisiones debido a la normativa vigente. “La historia clínica es propiedad, es patrimonio intangible en la mayoría de los casos de la persona sometida a determinada prueba”, sostuvo.
Finalmente, se anunció que el municipio de La Punta se incorporó al procedimiento del Narcotest. El intendente Luciano Ayala relató que, tras adherir a la ley mediante una ordenanza, se entregó la nómina de los 53 funcionarios municipales del Ejecutivo, Legislativo y el juzgado de faltas. “El año pasado, una vez que el Gobernador firmó el decreto para estos estudios, desde el municipio también sacamos un decreto y luego, cuando el Gobierno provincial envió a la Legislatura el proyecto de ley, nosotros elevamos al Concejo un proyecto de ordenanza de adhesión a la ley. Hace 30 días más o menos, el secretario de Ética visitó el municipio y recién ahí adherimos a la iniciativa”, repasó Ayala. “Ya están en poder del Ejecutivo provincial, y los procedimientos a los que vamos a estar expuestos nosotros son idénticos a cómo lo viene trabajando el gobierno provincial con los tres poderes del Estado”, añadió el jefe comunal.
La incorporación de La Punta se hará efectiva en el sorteo del lunes próximo, cuando sus funcionarios quedarán incluidos en el Registro Único de Funcionarios. “Probablemente en los próximos días tengamos otros anuncios respecto de otras municipalidades de nuestra provincia que han tomado la misma decisión política, institucional que el intendente Ayala”, anticipó Bazla.
