Este viernes 13 de junio, el tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial condenó a Paola Tonelli y José Toledo a 4 años de prisión como coautores de los delitos de falsificación de instrumentos privados y defraudación a la administración pública provincial, en perjuicio de la fe pública y del Estado. En la misma sentencia, Graciela Apaza fue absuelta, luego de que la fiscal de juicio Virginia Palacios desistiera de acusarla por falta de pruebas.
El veredicto fue dado a conocer tras una extensa jornada de audiencias en la que declararon los últimos testigos y se escucharon los alegatos finales de las partes. La fiscalía y la querella habían solicitado siete años de prisión para Tonelli y Toledo, mientras que las defensas de los tres imputados pidieron la absolución.
La causa se originó a partir de la venta de certificados médicos truchos, que según la prueba recolectada, eran falsificados por Tonelli y Toledo y comercializados a través de redes sociales, falsificando firmas y sellos con nombres de médicos como “José Velásquez” y “Marcelo Velazques”. Incluso se ofrecían promociones, como cinco días por $1.500 cada uno, o servicios de entrega a domicilio por $1.200.
Durante la segunda jornada del juicio, realizada el miércoles 12 de junio, se reprodujeron mensajes y audios extraídos del teléfono de Paola Tonelli, donde quedaba en evidencia cómo se organizaba la venta de certificados con firmas y sellos falsos. También se exhibieron comprobantes de transferencias a través de Mercado Pago, en los que figuraba la cuenta de Tonelli como receptora del dinero.
Uno de los puntos que generó mayor discusión fue el rol de Graciela Apaza, quien también estaba imputada pero no por los mismos delitos. Su abogado, Héctor Zabala Agüero, sostuvo que su clienta solo tenía un local de frutas y verduras y ofrecía el servicio de impresiones para los vecinos. “No sabe ni modificar ni editar un archivo”, afirmó durante el juicio.
Los mensajes exhibidos en la audiencia confirmaron que Apaza recibía archivos por mensaje y los imprimía, a pedido de Tonelli. En algunos casos, se le pedía específicamente que imprimiera “de los que tienen sellos” o “de los que no tienen”. También intercambiaban favores económicos, como cambiar transferencias por efectivo.
La fiscal Palacios y la perito Carina Bernal, del Departamento de Investigación de Delitos Complejos del Poder Judicial, calificaron las pruebas contra Tonelli y Toledo como “categóricas y contundentes”, destacando que no solo se acreditó la adulteración documental, sino también el beneficio económico obtenido a través de la venta de los certificados.
Finalmente, y pese a que en un principio se había anticipado una posible pena mayor a cinco años, el tribunal impuso una condena de cuatro años de prisión. Graciela Apaza resultó absuelta, tras el retiro formal de la acusación fiscal en su contra.
