Los sindicatos Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) y el Sindicato de Judiciales Puntano (Sijupu) criticaron el aumento salarial del 10% anunciado por el gobernador Claudio Poggi para los empleados públicos provinciales y consideraron que la medida es insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo.
El anuncio oficial establece una suba del 10% a pagar en dos tramos: 5% en febrero y 5% en abril. Además, contempla un aumento del 20% en las Asignaciones Familiares y por Discapacidad y un 25% en la Ayuda Escolar, que se elevará a $150.000 por hijo.
La secretaria gremial de APTS, Carola Piasco, afirmó a La Gaceta Digital que el incremento “no solamente es insuficiente, sino que nos parece realmente nefasto”. Señaló que la inflación de enero fue del 2,8% y la de febrero del 2,9%, por lo que, a su criterio, el aumento otorgado para el primer cuatrimestre no alcanza a compensar la suba de precios.
“Ya en enero y febrero tenemos una pérdida adquisitiva importante, sumándole a eso la pérdida que venimos teniendo sin recomposición salarial en 2024 y 2025”, expresó la dirigente. Piasco sostuvo que la situación impacta directamente en el sistema sanitario: “No se puede pretender tener una salud de primera con trabajadores empobrecidos”.
Por su parte, el secretario general de Sijupu, Facundo Coria, calificó el incremento como “a todas luces insuficiente” y aseguró que los trabajadores judiciales acumulan una pérdida del poder adquisitivo que supera el 46,4%.
El dirigente indicó que el 42% del salario de un ingresante judicial corresponde a conceptos no remunerativos y que el ingreso en blanco “cubre apenas el 57,9% de la canasta básica total de diciembre de 2025”, último dato disponible, según explicó. Además, detalló que cada tramo del 5% representa aproximadamente $33.500 para un ingresante del Poder Judicial.
Coria también remarcó que la inflación acumulada desde diciembre de 2023 supera el 269% y afirmó que, incluso con el aumento aplicado, “el salario sigue siendo menos de la mitad de lo que debería ser”.
De esta manera, los gremios de la salud y del Poder Judicial se sumaron al rechazo expresado por ATE y plantearon la necesidad de una recomposición salarial mayor para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.
