La Defensoría del Pueblo de la Provincia de San Luis emitió la Resolución Nº 001-DdP-2026, mediante la cual instó al Ministerio de Educación y a la Dirección de Educación Superior y Capacitación Docente a adecuar su actuación al principio de legalidad en las convocatorias y reválidas de cargos del Instituto de Formación Docente y Continua (IFDC).
La intervención del organismo se originó a partir del reclamo presentado por docentes del IFDC, quienes cuestionaron la exigencia incorporada en las convocatorias a reválidas consistente en la presentación de una declaración jurada en la que deben manifestar no poseer juicios ni recursos administrativos pendientes contra el Estado provincial.
Según se detalla en la resolución con fecha del 11 de febrero, dicha exigencia fue incorporada en resoluciones administrativas de la Dirección de Educación Superior y Capacitación Docente sin que se identifique la norma legal o reglamentaria que la respalde.
La Defensoría señaló que la existencia de procesos judiciales o reclamos administrativos constituye el ejercicio legítimo del derecho de petición y de acceso a la justicia, consagrados en los artículos 14 y 18 de la Constitución Nacional, y que no puede ser utilizada como causal de exclusión o condicionamiento para el acceso o permanencia en cargos docentes.
Asimismo, advirtió que imponer como requisito la inexistencia de procesos pendientes podría resultar contrario a los principios de razonabilidad e igualdad, así como a la regla de la idoneidad como criterio exclusivo para el acceso y permanencia en la función pública, prevista en el artículo 16 de la Constitución Nacional y en la Ley de Educación Superior Nº 24.521.
En el marco de las actuaciones, la Defensoría indicó que solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades educativas que informaran la norma que habilita la exigencia cuestionada. Sin embargo, sostuvo que las respuestas remitidas no aportaron fundamento normativo alguno que justificara el requisito, limitándose a reiterar argumentos ya expuestos.
En ese contexto, el organismo recordó que el principio de legalidad obliga a la Administración Pública a fundar sus actos en normas jurídicas válidas y vigentes, y que la motivación adecuada, suficiente y explícita constituye un deber ineludible para garantizar la transparencia y el control de la actividad estatal.
A través de la resolución firmada por el defensor del Pueblo, Guillermo Belgrano Rawson, se instó al Ministerio de Educación a dar estricto cumplimiento al principio de legalidad en el dictado de actos administrativos vinculados a convocatorias, reválidas y evaluaciones docentes. Además, se recomendó revisar la exigencia de la declaración jurada cuestionada hasta tanto se acredite de manera expresa la norma que la habilita.
La Defensoría también requirió que el Ministerio informe, dentro del plazo legal correspondiente, las medidas adoptadas en cumplimiento de lo dispuesto, y notificó de la resolución al gobernador de la Provincia y a las autoridades educativas competentes.
