El abogado Matías Molinaro presentó una denuncia penal contra el intendente de San Francisco del Monte de Oro, Sandro Luis Flores, el secretario de Gobierno Ary Sepak y concejales oficialistas y opositores por una operatoria vinculada a la cesión de tierras destinadas a la construcción de viviendas sociales. La presentación fue realizada el viernes 10 de abril y, al momento, se encuentra a la espera del sorteo de fiscal.
Según explicó el propio denunciante, la maniobra se enmarca en la necesidad del municipio de conformar un banco de tierras para acceder a planes habitacionales provinciales. “Esta denuncia no tiene que ver con la negativa a que se hagan construcciones sociales, sino que muchas veces se utilizan mecanismos sociales o de buenos actos para esconder maniobras de negocios y corrupción”, sostuvo Molinaro.
El eje de la denuncia apunta a la intervención del particular Abel Gómez, quien cedió al municipio un terreno de 5 hectáreas y 9.643,04 metros cuadrados. De ese total, una vez construidas las viviendas, se le restituirían 4 hectáreas y 5.714 metros cuadrados, ya subdivididas e inscriptas a su nombre, según consta en la denuncia de Molinaro.
Para el abogado, uno de los principales problemas es que Gómez no tendría la posesión total del inmueble. “Los dueños eran dos personas que fallecieron, Horacio Astudillo y Teófilo Astudillo. Los herederos de una de esas dos personas, de Horacio, fueron las que le cedieron a Gómez la posesión. De la otra persona, Teófilo, no se sabe nada”, afirmó.
En ese sentido, agregó que “lo que Gómez recibió en posesión es una parte de estos terrenos”, pero que, al momento de la cesión, “cede la totalidad como si él tuviese la posesión total”.
Otro de los puntos cuestionados es el carácter gratuito de la cesión y una posible devolución de favores posterior. “Si vos fueses una persona del ámbito privado y tuvieras algo que te lo pide el municipio ¿vos se lo entregarías de forma gratuita? No. En todo caso, sería por compraventa, sería por una cesión onerosa, a cambio de algo”, planteó Molinaro. En la escritura, según indicó, se establecen condiciones que contemplan beneficios posteriores para el cedente.
“En la propia escritura, donde se hace esta cesión gratuita de casi 6 hectáreas, se establecen las condiciones en las que se da esta gratuidad. Y en la cláusula cuatro de esta de esta escritura surge que el municipio le va a dar una suerte de ayuda para regularizar otros inmuebles que tienen las mismas condiciones, y estamos hablando de inmuebles de gran envergadura”, explicó Molinaro, quien agregó también que el municipio “se compromete a, una vez que se construyan las viviendas, reintegrarle el resto de territorio, ya subdividido e inscrito, de vuelta al propietario”. Esto supondría, para Gómez, un ahorro de no solo millones de pesos, sino también de años de trámites judiciales y administrativos, consideró el abogado.
“Podríamos decir que esas promesas que, de alguna manera, se imprimen en ese en esa escritura pública de sesión gratuita son compromisos a futuras gestiones que van a tener que cumplir con estas promesas que realiza el intendente municipal Sandro Flores en esta escritura. Y, por sobre todas las cosas, en ningún lado figura cómo se van a restituir estas hectáreas restantes. Además, hay que tener en cuenta que va a generar todo tipo de sospechas que un municipio que carece de un banco de tierras y que recibió propiedades a su nombre, que las va a poder inscribir a su nombre, luego decida transmitirle a un privado esas mismas tierras”, consideró Molinaro.
El abogado también cuestionó la rapidez del trámite administrativo. Detalló que la cesión se concretó el 12 de febrero, el 19 se convocó a sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de San Francisco, la cual se realizó el día 20, aprobando la ordenanza. Una semana después, el 27 de ese mismo mes, se publicó en el Boletín Oficial. “Fue algo en dos semanas. Exprés, para regularizar algo que evidentemente algo escondía”, afirmó.
Además, sostuvo que el Concejo Deliberante no habría tomado los recaudos necesarios antes de aprobar la operación. “Debía haber exigido informes al registro de la propiedad inmueble para ver si lo que estaba recibiendo el municipio en cesión estaba bien”, indicó, señalando que los concejales solo se basaron en la documental presentada por Gómez.
En relación al otro titular original del terreno, remarcó: “De Teófilo no hay nada. No sabemos si está vivo, si está muerto y, si así fuera, si tiene herederos y si están al tanto de todo esto”.
Al respecto, cabe señalar que el abogado proveyó a este medio la mensura del terreno en cuestión, la cual figura, efectivamente, a nombre de Horacio y Teófilo Astudillo. Por otro lado, también se destaca que en la publicación que se realizó en el Boletín Oficial de la provincia consta que la “documentación técnica pertinente” incluye el boleto de compraventa del terreno y la cesión de derechos hereditarios y posesorios de los herederos de Don Horacio Astudillo, pero no hay mención alguna a Teófilo.
La denuncia incluye delitos como estafa, otras defraudaciones, asociación ilícita y encubrimiento. “Sandro Luis Flores es el intendente. Está denunciado, o por lo menos busco imputarle el delito de estafa y otras defraudaciones, asociación ilícita, encubrimiento”, precisó el letrado, quien también incluyó en la presentación a Gómez, al secretario de Gobierno y a los concejales que votaron la ordenanza por unanimidad.
Cabe señalar que esta no es la primera denuncia de este tipo que recae sobre el intendente Sandro Flores. En 2024, Flores fue acusado de estafa junto a su esposa, Ivana Castro; su secretario de Gobierno de la Municipalidad, Ary Sepak; el padre de este último, Davorín Sepak y la pareja del funcionario, Ayelén Quiroz. El hecho en cuestión, gira en torno a la compra que Ary Sepak, Flores y Castro supuestamente le hicieron a Davorín Sepak de un terreno donde hoy funcionan, entre otras cosas, canchas de pádel y un gimnasio. La denunciante es la exesposa de Davorín Sepak, Lilia Valdez, quien asegura que el inmueble era un condominio y que ella no recibió ni en peso de esta transacción.
Respecto a la intervención provincial, Molinaro consideró que es probable que no se conozcan los detalles del caso. “Es muy difícil que el Gobierno provincial pueda estar al tanto de todas estas cuestiones”, señaló. “Yo creo que el Ministerio de Gobierno tendría que tomar en cuenta que no se cumple con el artículo dos de la ley 24.320, que establece estos requisitos previos. Si el Ministerio tomase en cuenta estas cuestiones, tendría que buscar, de alguna manera, de rever esta circunstancia o retrotraerla hasta que se garanticen las condiciones”, opinó el letrado.
Sobre los próximos pasos, explicó que la causa se encuentra a la espera de la designación de fiscal. “Luego, el próximo paso es que el fiscal valore la prueba, valore la denuncia e inste la etapa investigativa. Si considera que no hay delito, me dará traslado a mí y yo tendré que solicitar la intervención del juez”, detalló.
