La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, presentó a la nueva Comisión de Intervención de la Federación de Bomberos Voluntarios de San Luis. La intervención detectó que más de $87 millones en subsidios nacionales recibidos entre 2020 y 2023 no fueron rendidos, y que no se cuenta con documentación respaldatoria de más de $22 millones. Radicaron una denuncia penal por administración fraudulenta.
La ministra de Seguridad de la provincia, Nancy Sosa, encabezó este lunes una conferencia de prensa junto con integrantes de la nueva comisión de intervención de la Federación de Bomberos Voluntarios de San Luis, en la que se informó sobre el estado administrativo de la entidad y los pasos judiciales y administrativos que se están realizando.
El director de Prevención y Gestión de la Emergencia, Gustavo Albornoz, abrió la conferencia destacando la importancia de contar con una federación organizada y bien administrada, y subrayó la necesidad de avanzar en la consolidación de una escuela de capacitación para el sistema de bomberos voluntarios de la provincia.
Roxana Díaz, quien asumió como interventora de la Federación, describió el estado en que encontró la institución: infraestructura abandonada, servicios de luz y gas cortados, y mobiliario deteriorado. A ello se sumaron irregularidades en el manejo del parque vehicular, entre ellas la desaparición de un vehículo dado de baja como destrucción total, del que no se encontró ni rastro físico ni documentación respaldatoria.
Díaz detalló que, en contacto con el ministerio de Seguridad de la Nación, se constató que la Federación recibió subsidios en los años 2020, 2021, 2022 y 2023, bajo dos conceptos: funcionamiento y capacitación. El total recibido en ese período asciende a $87.304.425,61, ninguno de los cuales fue rendido ante Nación.
De los comprobantes de gastos aportados por el contador de la entidad, solo se pudo validar documentación por $27.196.216,96. Otros $2.705.970,07 corresponden a comprobantes sin validez fiscal (sin CAE, sin número de boleta o presentados como tickets). En tanto, no existe ninguna documentación respaldatoria para un faltante de $22.914.220,01.
La interventora precisó que, en la actualidad, el Ministerio de Seguridad de la Nación ya no acepta rendiciones en papel, por lo que la totalidad de la deuda $87.304.425,61 deberá ser devuelta en efectivo.
El abogado Emiliano Vera, quien se incorporó a la Comisión de Intervención en carácter de asesor letrado, informó que se radicó una denuncia penal ante la Unidad de Abordaje Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial, organismo con competencia para investigar este tipo de delitos.
La denuncia fue presentada contra Damián Gómez y Nelson Gómez, en principio por el delito de administración fraudulenta, aunque Vera aclaró que la calificación podría ser ampliada por la Fiscalía en el transcurso de la investigación. En los próximos días se esperan citaciones para ratificar la denuncia y aportar la documentación recabada durante la intervención.
El abogado señaló que no existen antecedentes en la provincia de denuncias de esta naturaleza contra representantes de la Federación de Bomberos.
Por su parte, la ministro Sosa explicó que la Comisión de Intervención fue ampliada por resolución de Personería Jurídica: a Roxana Díaz se suman el presidente de la Asociación Bomberos de El Volcán, Miguel Ángel Díaz, y Emiliano Vera. Esta decisión responde a la necesidad de contar con representación jurídica ante el proceso judicial iniciado y de acreditar ante Nación los pasos administrativos realizados.
Sosa puntualizó que la normalización de la Federación es urgente, ya que la situación actual impide acceder a nuevos subsidios nacionales que, a valores actuales, rondarían los $400 millones: “Si ustedes piensan, con 200 millones de la capacitación podríamos tener un gran grupo de nuestros bomberos voluntarios capacitándose en el exterior tranquilamente. Y podrían estar equipados con mucho material, que no tenemos, o vehículos para lo que tiene que ver con la operatividad”.
Como siguiente paso, la Comisión solicitará una audiencia al ministerio de Seguridad de la Nación para establecer las condiciones de regularización, que incluirá la devolución de los fondos adeudados. “Los fondos no son de las personas; son del pueblo que aporta y deberían ir destinados a la capacitación”, afirmó Sosa.
Fuente: ANSL
