El ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, confirmó este lunes que el Ejecutivo provincial se encuentra analizando la denuncia presentada por el abogado Matías Molinaro por la cesión de tierras en San Francisco del Monte de Oro, en el marco de un convenio para la construcción de viviendas sociales.
En ese sentido, Amondarain señaló que la Provincia solicitó documentación a la Municipalidad. “Me he comunicado con el intendente de San Francisco a los efectos de que nos pueda presentar la documentación que dice tener, y también, por supuesto, la aprobación que ha tenido por parte del Concejo Deliberante de la localidad. Estamos esperando la documentación para saber y dilucidar respecto a esta denuncia”, expresó.
El ministro remarcó que, si bien se trata de una cuestión judicial, el destino de los terrenos obliga a un seguimiento por parte del Gobierno. “Si bien es algo que pasa por el plano estrictamente judicial, pero debido a que esos terrenos van a ser destinados a la construcción de vivienda, por supuesto que vamos a aclarar toda la situación a los efectos de no tener problemas posteriores”, sostuvo.
Respecto al procedimiento llevado adelante por el municipio, indicó que, según la información oficial, se habrían cumplido las instancias formales. “Desde la Municipalidad manifiestan que se ha dado cumplimiento a todas las obligaciones y los plazos formales para la realización de esta situación y en tal sentido han realizado la correspondiente inscripción de la propiedad en Catastro y en Registro Público de Comercio”, afirmó.
Además, detalló que “todos los pasos de la inscripción directa han sido cumplidos, ha sido aprobado por el Concejo Deliberante y luego ha sido publicado por treinta días en el Boletín Oficial”, periodo durante el cual no hubo ningún tipo de reclamos.
En paralelo, la Municipalidad de San Francisco del Monte de Oro y el Concejo Deliberante difundieron un comunicado conjunto en el que calificaron la denuncia como “infundada” y advirtieron que la construcción de viviendas sociales para 36 familias “se encuentra en riesgo”.
En el documento, sostuvieron que el procedimiento “se realizó conforme a la ley, con todos los recaudos necesarios y aún más, para garantizar transparencia y no vulnerar ningún derecho”, y remarcaron que la ordenanza fue aprobada “por unanimidad”.
También aseguraron que “todo fue público y con plazos”, en referencia a la publicación en el Boletín Oficial y la posibilidad de que terceros se presentaran, y afirmaron que “toda la documentación y los antecedentes vinculados al inmueble fueron informados desde el primer momento y continúan disponibles para su consulta en Mesa de Entrada”.
Mientras tanto, este medio pudo confirmar que la denuncia de Molinaro entró en su etapa de investigación penal preparatoria, por parte de la Unidad de Abordaje Fiscal y que se designó para la causa a la jueza Eugenia Zabala Chacur.
