El juez de Garantía N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Nicolás Coppola, homologó este martes un acuerdo conciliatorio y de reparación integral entre la Fiscalía de Estado de San Luis y la ex intendente comisionada de Renca, María Ester Fariña, quien había sido imputada por delitos contra la administración pública.
El acuerdo establece que Fariña deberá pagar al Estado provincial un total de $6 millones en concepto de reparación integral. El monto será abonado en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
Según informó Prensa del Poder Judicial, el convenio fue celebrado en el marco del artículo 223 del Código Procesal Penal de San Luis y contó con la conformidad del Ministerio Público Fiscal, que aplicó un criterio de oportunidad y no se opuso a la propuesta.
La audiencia contó con la participación del fiscal de Instrucción N° 1, César Hugo Salazar Molina; la fiscal adjunta Andrea Yamil Aguilar; el fiscal de Estado Rafael Berruezo, quien intervino de manera remota; el abogado querellante Juan Ignacio Trusendi; los defensores Francisco Muñoz y Mario Rito Aimale; y la imputada María Ester Fariña.
Durante la audiencia se recordó que el 19 de diciembre de 2025 se formularon cargos contra la ex funcionaria por incumplimiento de los deberes de funcionario público en dos hechos, peculado, usurpación de títulos y honores y estafa, todo ello en concurso real y en perjuicio de la administración pública provincial.
De acuerdo a lo expuesto por Fiscalía, los hechos investigados se remontan al período en que Fariña se desempeñó como intendente comisionada de Renca entre 2011 y 2015. Entre las presuntas irregularidades mencionadas se encontraban la falta de rendición de balances y la emisión de cheques.
Tras escuchar a las partes y efectuar el control de legalidad, el magistrado homologó el acuerdo en todos sus términos. Además, dejó constancia de que el cumplimiento total y oportuno de las obligaciones asumidas producirá la extinción de la acción penal, por lo que posteriormente podrá solicitarse el sobreseimiento y el archivo de la causa.
El Ministerio Público Fiscal también dejó asentado que, en caso de incumplimiento del acuerdo, la parte damnificada podrá pedir la revocación de sus efectos y la continuidad del proceso penal.
