El Frente Gremial Docente, integrado por Sadop, UTEP, AMET, ASDE y UDA, cuestionó con dureza el decreto N° 3864 del Poder Ejecutivo provincial, que creó un nuevo adicional salarial vinculado al presentimos para parte del sector docente, y reclamó que ese monto sea incorporado al salario básico de toda la docencia. Además, exigieron la convocatoria a paritarias y advirtieron que la medida reinstala un esquema de presentismo que afecta derechos laborales y profundiza la precarización salarial.
Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, los representantes sindicales coincidieron en señalar que el adicional anunciado por el Gobierno no constituye una recomposición salarial real, sino un premio condicionado a la asistencia perfecta. También cuestionaron que el beneficio alcance únicamente a docentes de nivel Inicial y Primario frente a alumnos, dejando afuera a otros niveles y funciones dentro del sistema educativo.
Juan Accornero fue uno de los primeros en expresar el rechazo gremial y aseguró que el decreto es “totalmente discriminatorio”, “anti estatutario” y que además “atenta contra la mujer docente”, al estar dirigido únicamente a quienes están frente a alumnos en nivel Inicial y Primario. “Este decreto otorga una suma fija, solo para maestras de nivel inicial y nivel primario que estén frente a alumnos. El 100% de las maestras a nivel inicial son mujeres, y un poquito menos el porcentaje en nivel primario”, dijo el dirigente, quien cuestionó que la medida vuelva a instalar un sistema de presentismo que el sector había logrado eliminar hace más de dos décadas.
“En el 2004 logramos tener derecho con un estatuto que peleamos, y sabemos lo que nos costó, sacar este tipo de de presentismo o ítem aula que le copia a Mendoza el gobernador”, afirmó. En ese sentido, advirtió que muchas licencias habituales no fueron contempladas dentro de las excepciones para conservar el adicional. “La docente que es madre para asistir y acompañar en el crecimiento a su hijo a un acto, o lo que se llama la licencia por atención familiar, cuando tenés que llevar a un familiar al médico. Bueno, todo esto el decreto no lo contempla. O sea, se pierde el presentismo. Se pierden esos $125.000 pesos”, señaló.
Accornero remarcó además que el problema de fondo sigue siendo el deterioro del salario básico docente. “Un salario básico de $244.000 pesos y en base a ese básico se construye salarialmente la carrera docente. Y el básico es el más bajo histórico en los últimos 40 años de democracia”, sostuvo, recordando además las marchas y luchas contra los gobiernos de Alberto Rodríguez Saá. Por eso, reclamó que la suma otorgada por decreto sea incorporada al sueldo de toda la docencia: “Le decimos al gobernador que ese monto que dio de 125.000 pesos sea general para toda la docencia y que vaya al básico. Es necesario sanear el recibo de sueldo docente y dignificar al docente con un salario digno”.
Desde UDA, Jorge Lazarini aseguró que la medida no trae beneficios para el sector y que, por el contrario, representa un retroceso en derechos laborales. “¿Qué le da al docente? Menos dignidad. De esta forma nos están coartando los derechos”, afirmó. También advirtió sobre las consecuencias sanitarias que podría traer durante los meses más fríos. “Vamos a tener docentes que por estos míseros pesos van a ir enfermos. Vamos a estar en un momento complicado, en un invierno, casi generalmente hay enfermedades, contagios, y esto el docente se va a exponer a no cuidar sus alumnos por la necesidad”, sostuvo.
Lazarini también apuntó directamente contra el gobernador por la falta de diálogo con los gremios docentes. “El docente los acompaña en todos los momentos. Él no cumplió su palabra. Él dijo paritaria para el sector antes de un 11 de junio del 2023. No ha cumplido su palabra. Está en deuda con los docentes”, dijo, y reclamó una convocatoria formal a los representantes sindicales para discutir una salida salarial integral.
Desde UTEP, Carlos Peralta comparó la medida con políticas salariales implementadas a fines de los años 90 y alertó sobre sus consecuencias a largo plazo. “Los memoriosos, no solo los docentes, se van a acordar de que esto es muy parecido a los finales de los 90, cuando nos daban estos bonos”, expresó. Según indicó, este tipo de sumas no remunerativas terminan afectando jubilaciones y el financiamiento de la obra social. “Sabemos cuáles son las consecuencias, no solo el salario pobre de los docentes, sino jubilaciones de pobreza y un desfinanciamiento de la obra social”, afirmó.
Por su parte, Diego Scriboni, de ASDE, recordó que persisten otros reclamos salariales sin resolver dentro del sistema educativo, como el de los profesionales del Instituto de Formación Docente. “También están llevando un reclamo de hace ya más de un año, porque tienen los salarios mal liquidados y es un reclamo que se viene teniendo hace más de un año”, dijo. “El gobierno ha dicho que está bien, que es cierto, que está mal liquidado, pero que no hay dinero para eso”, agregó.
Finalmente, Darío Lobos, de AMET, cuestionó que el decreto deje afuera a numerosos trabajadores de la educación. “Este decreto deja fuera a muchas personas también, secundario, los preceptores”, señaló. “Han dejado fuera a los auxiliares de nivel inicial, de escuelas especiales, y a las escuelas especiales también”, agregó.
Qué establece el decreto cuestionado
El decreto N° 3864 creó el adicional remunerativo no bonificable “Enseñanza en aula”, de $125.000 para el cargo testigo de Maestro de Grado, destinado exclusivamente a docentes de nivel Inicial y Primario que estén frente a alumnos y con presencia física en el aula. El monto se paga de manera proporcional según la carga horaria de cada agente.
Para poder cobrar ese adicional, el docente debe cumplir con asistencia efectiva durante todos los días hábiles del mes y mantener el dictado regular y continuo de clases. Solo se contemplan algunas excepciones, como hasta tres inasistencias mensuales por enfermedad o diez en todo el ciclo lectivo, además de licencias por maternidad y otras situaciones puntuales previstas en la normativa vigente.
Para los gremios, ese esquema representa un regreso del presentismo bajo otra denominación y no una verdadera recomposición salarial. Por eso insistieron en que los $125.000 deben ser incorporados al salario básico y reclamaron la apertura urgente de una mesa paritaria para discutir salarios y condiciones laborales del conjunto de la docencia provincial.
