La Cámara de Senadores de San Luis aprobó este martes por unanimidad dos proyectos educativos impulsados por el Gobierno provincial: el Programa de Fortalecimiento del Proceso de Aprendizaje de la Lectura, la Escritura y la Comprensión Lectora y la obligatoriedad de la sala de 3 años a partir del ciclo lectivo 2028. Ambas iniciativas habían obtenido media sanción en Diputados y ahora quedaron convertidas en ley.
Las dos medidas forman parte del paquete de políticas educativas anunciado por el gobernador Claudio Poggi en el marco del Año de la Educación y apuntan a consolidar cambios estructurales en el sistema educativo provincial, tanto en la alfabetización inicial como en el acceso temprano al nivel Inicial.
Por el oficialismo, el senador Diego García fue el encargado de presentar los proyectos, pero se limitó a leer los fundamentos de los mismos. El debate se puso interesante cuando el senador justicialista Hugo Olguín anunció que su bloque iba a acompañar la iniciativa, pero planteó que la discusión educativa también debe incluir una mejora en los salarios docentes.
“Si queremos jerarquizar la educación, primero hagamos una recomposición salarial de los docentes. Porque no puede haber docentes que no puedan tener la heladera, no puede haber docentes que, en cierta manera, no pueden pagar el alquiler y que apenas llegan al día 15, 20, porque no les alcanza el sueldo”, dijo el legislador.
Desde el oficialismo, García respondió que “este gobernador fue el que implementó el doble cargo, que fue algo que los docentes solicitaron y por muchos años fue una solicitud”, y agregó que “sin duda, hay cosas para seguir mejorando en la educación, pero estos son pasos importantes que estamos dando”.
El intercambio derivó en una intervención del presidente del Senado y vicegobernador, Ricardo Endeiza, quien coincidió con ambos planteos y destacó que una de las bases del programa aprobado tiene antecedentes en la gestión anterior.
“Lo que dice el senador Olguín, lo que agrega el senador García, son cuestiones ciertas y es un desafío”, sostuvo Endeiza, antes de señalar que “este proyecto que estamos aprobando tiene su génesis, reconoce su origen en una investigación teórica que se hizo para algunos grupos y en forma optativa por parte de la entonces rectora de la Universidad de La Punta, Alicia Bañuelos”.
“Se lo tomó como una buena política, se universalizó, se le hicieron algunos retoques porque están buenos estos temas, sobre todo que hacen el futuro de nuestros niños, niñas, adolescentes, y tener políticas de estado que perduren en el tiempo”, agregó.
La referencia provocó una breve respuesta de Olguín: “No está todo mal hecho en lo anterior”, a lo que Endeiza contestó: “Ni lo actual, ni lo actual”.
Más tarde, el Senado también aprobó por unanimidad la ley que establece la obligatoriedad de la sala de 3 años en toda la provincia a partir de 2028, con una carga horaria mínima de tres horas diarias.
Durante ese debate, el senador oficialista Adolfo Castro Luna vinculó las iniciativas educativas con una estrategia basada en evidencia científica. “Los 3 proyectos que acabamos de aprobar, tanto el de la enseñanza matemática, el de lectoescritura y este de la sala de 3, tienen que ver con políticas públicas que se implementan con alta evidencia científica, que se sostienen sobre métodos probados por la ciencia en materia educativa”, sostuvo.
“Como siempre dice el gobernador, es muy caro para el Estado la improvisación, y creo que esto es una forma de implementar políticas que no van a fracasar”, agregó.
En la misma sesión, el Senado aprobó además por unanimidad un proyecto de declaración impulsado por el bloque Justicialista San Luis para expresar su preocupación por la media sanción otorgada en Diputados de la Nación al proyecto que modifica la Ley Nacional N° 27.637 de Zona Fría.
Olguín advirtió que la posible modificación podría afectar a “más o menos 100.000 personas” en la provincia y sostuvo que también tendría impacto sobre clubes, industrias y comercios. “Creemos que este es un momento en el cual tenemos que estar todos unidos, con una causa en donde es el beneficio de San Luis. Habría que bregar y también pedirle a nuestros senadores nacionales que se hagan eco de esta situación, y creemos que indudablemente va a ser en beneficio de todos los habitantes de la provincia”, cerró Olguín.
El planteo fue acompañado por todos los bloques. Castro Luna señaló que estas medidas nacionales “tiran por el piso” los esfuerzos provinciales para sostener los salarios públicos y confirmó el respaldo del oficialismo al proyecto de declaración.
El primero de los proyectos aprobados, vinculado al fortalecimiento de la lectoescritura, busca institucionalizar el trabajo que el Ejecutivo provincial viene desarrollando desde hace más de dos años a través del programa Queremos Aprender. La ley apunta a fortalecer de manera sistemática la adquisición de competencias fundamentales en lectura, escritura y comprensión lectora en todos los niveles de la educación obligatoria, mediante capacitación docente, entrega de materiales pedagógicos, diagnósticos anuales para monitorear avances y acompañamiento especializado dentro de las aulas.
Según se informó durante su tratamiento en Diputados, la iniciativa surgió a partir de los resultados obtenidos por ese programa, que permitió mejorar significativamente los niveles de aprendizaje. Desde el Ejecutivo señalaron que al inicio de la actual gestión solo el 30% de los estudiantes alcanzaba los conocimientos esperados y que, tras un año de implementación, se logró duplicar esa cifra en el primer ciclo.
La segunda ley establece la obligatoriedad de la sala de 3 años en toda la provincia a partir del ciclo lectivo 2028, con una carga mínima de tres horas diarias. La medida busca universalizar el acceso a la educación inicial y reducir desigualdades desde la primera infancia.
De acuerdo con los datos presentados durante el debate legislativo, cuando comenzó la gestión de Poggi la cobertura de sala de 3 alcanzaba el 32,56%. Desde entonces se crearon 133 nuevas salas, hay otras 29 en construcción y actualmente la cobertura llega al 65,69%.
La iniciativa se enmarca en una política educativa más amplia que busca garantizar igualdad de oportunidades desde edades tempranas y consolidar, por ley, una expansión progresiva del sistema para que trascienda futuras gestiones.
