Después de una década de espera, este martes comenzó en la ciudad de San Luis el juicio contra Ramón Antonio Ochoa, un hombre de 62 años acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de guardador en perjuicio de su ahijada.
La identidad del imputado fue difundida públicamente por la propia denunciante, quien en las últimas horas publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que explicó por qué decidió hacer visible su historia y reclamó una condena. “No tengo miedo y no pienso tener más vergüenza. Que la vergüenza la tenga él”, escribió la joven, que aseguró que los hechos comenzaron cuando tenía 6 años y se extendieron hasta los 15.
La causa se inició en 2016 y recién diez años después llegó a debate oral, con un pedido fiscal de 15 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de guardador.
Durante la primera audiencia declararon la víctima y su madre. Según la abogada querellante Fernanda Pereyra Jamenson, la joven debió interrumpir varias veces su testimonio por la dureza de los recuerdos.
“En mi experiencia de haber estado frente a debates orales, nunca había escuchado un testimonio tan fuerte en cuanto a las prácticas que el padrino de ella la obligaba a hacer”, sostuvo la letrada.
Una figura de confianza
De acuerdo con la acusación, el imputado ocupaba un lugar central dentro del entorno familiar. Ante la ausencia del padre biológico, colaboraba con la crianza de los niños, vivía a unos 50 metros de la vivienda y se ofrecía para cuidarlos cuando la madre trabajaba.
“Era justamente la figura paterna. En los momentos en los que ella iba a trabajar, él hacía aprovechamiento y ahí empezaban los hechos”, afirmó Pereyra Jamenson.
La letrada agregó que el expediente cuenta con una cámara Gesell favorable, pericias psicológicas y numerosos testimonios sobre las secuelas que sufrió la denunciante.
“Intentó suicidarse, abandonó la escuela, han sucedido un montón de cosas en el medio y, sin embargo, han pasado diez años para que podamos hoy iniciar un debate oral”, manifestó.
Diez años para llegar a juicio
Consultada sobre las razones de la demora, Pereyra Jamenson explicó que el expediente fue atravesando distintas situaciones procesales y cambios de representación legal que fueron postergando el debate.
“La realidad es que son todas burocracias institucionales. Si alguien se recusa, dos meses más. Se suspende porque un juez o una jueza se enferma, un fiscal se recusa porque conocía a la persona, dos meses más, un año más. Entonces así se fue pasando el tiempo”, expresó.
La abogada aclaró que los juzgados y fiscalías trabajan con una importante carga de expedientes, pero consideró que en este tipo de causas debería existir una mayor celeridad.
“No puede ser que hayan demorado diez años, es un montón”, afirmó Pereyra, quien también relató que la familia cambió de representación legal en distintas oportunidades y que incluso ella y la doctora Estrella Marín asumieron la querella apenas unos días antes del inicio del juicio, luego de que la madre de la joven las contactara “desesperada” porque el abogado anterior había renunciado y otros profesionales no habían presentado escritos.
“Si yo sabía que esto era así, doctora, yo no hacía la denuncia. O lo mataba o me mataba, o me iba lejos para no tenerlo más cerca”, fueron las palabras de la víctima, según la abogada.
Según explicó, esa situación de demora impidió incorporar una pericia psicológica que consideraban fundamental para reforzar la acusación.
Durante la mañana, familiares, allegados e integrantes de organizaciones acompañaron el inicio del juicio frente a los tribunales provinciales con una convocatoria para reclamar verdad y justicia.
El debate continuará este miércoles con la declaración de los últimos testigos y los alegatos finales, tras lo cual el tribunal integrado por Ariel Parrillis, María Eugenia Zavala Chacur y Adriana Lucero Alfonso dará a conocer el veredicto. La querella adelantó que pedirá una pena cercana a los 20 años de prisión.
