La Cámara de Diputados de San Luis aprobó este miércoles, por 24 votos contra 12, una modificación al proyecto impulsado por el Superior Tribunal de Justicia que flexibiliza el régimen de incompatibilidades laborales de determinados agentes judiciales y les permite ejercer actividades privadas fuera de su horario laboral. Como el texto fue modificado respecto de la media sanción del Senado, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para su segunda revisión.
La principal modificación introducida por Diputados fue de técnica legislativa. En lugar de incorporar un nuevo artículo 15 bis a la Ley Orgánica de Administración de Justicia, como había aprobado el Senado, sustituyó el artículo 15 completo para incorporar allí las nuevas excepciones al régimen de incompatibilidades.
El nuevo artículo, por ejemplo, señala claramente que magistrados, defensores, fiscales y secretarios no podrán desempeñar otro empleo o cargo, mientras que habilita a los agentes judiciales que no revistan categoría de funcionarios a ejercer el comercio, la industria o desempeñar actividades privadas rentadas, además de permitir que el personal del Cuerpo Profesional Forense vinculado a las ciencias de la salud pueda realizar práctica asistencial y ejercicio profesional privado. En todos los casos, las tareas deberán desarrollarse fuera de los días y horarios de oficina, priorizando siempre la prestación del servicio judicial y respetando las incompatibilidades previstas para evitar conflictos de interés.
En particular, el debate estuvo atravesado por una discusión sobre el pluriempleo y los salarios judiciales.
La diputada opositora María José Zanglá cuestionó que el proyecto “promueve que el empleado judicial tenga más de un empleo” y sostuvo que la tendencia en la administración de recursos humanos es justamente evitar esa situación para fortalecer la profesionalización y el compromiso con la función.
Además, señaló que el proyecto se sustentó únicamente en “dos notas, una del gremio y una de una de las profesiones” y reclamó una reforma integral de la Ley Orgánica de Administración de Justicia, en lugar de modificaciones parciales.
La legisladora también citó un informe del Instituto de Investigación Judicial y Estadística de la Federación Judicial Argentina y de la Junta Federal de Cortes que ubica a los profesionales judiciales de San Luis entre los últimos puestos del país en materia salarial. “Nuevamente le decimos al empleado: si tu sueldo no te alcanza, te habilitamos a trabajar afuera”, afirmó.
En una postura diferente, aunque con críticas a la iniciativa, Carlos D’Alessandro manifestó: “El proyecto no es bueno, pero yo lo voy a acompañar”. También sostuvo que “el pluriempleo no es bueno, un trabajador tiene que ganar lo suficiente como para vivir con un solo trabajo”, aunque consideró que rechazar la propuesta sería “pegarle un tiro en el pie a los trabajadores judiciales”.
Desde el oficialismo, Bruno Mini respondió, en relación a los pedidos de la oposición de realizar una reforma integral, que “difícilmente se pueda reformar todo de una vez” y destacó que el Superior Tribunal de Justicia prestó acuerdo para avanzar con la modificación.
Por su parte, Marisa Patafio remarcó que la norma “no habilita el pluriempleo discriminado, no relaja las incompatibilidades de los magistrados, defensores y fiscales que siguen sujetos al régimen más exigente”. Agregó que coincide con los planteos sobre recomposición salarial, fortalecimiento de la carrera judicial e incentivos a la capacitación. “Son medidas necesarias, pero son medidas que dependen de otras decisiones, de otras negociaciones, de otros tiempos”, dijo Patafio, quien, en ese sentido, sostuvo que la reforma brinda un “marco legal” a una práctica que ya se está desarrollando.
Durante la discusión, varios legisladores coincidieron en que un solo salario muchas veces no alcanza y que distintos concursos para cubrir cargos judiciales quedan vacantes por falta de postulantes porque ya no es atractivo trabajar allí.
En el cierre del debate, Cristian Gurruchaga afirmó que existe “un contexto nacional que afecta lo económico” y aseguró que “no hay un ánimo de precarizar la justicia, sino de justamente generar más transparencia y eficacia”. Además, recordó que el Sindicato Judicial Puntano solicitó ser incluido en la norma y que la propuesta fue trabajada junto a los ministros del Superior Tribunal Carolina Monte Riso y Víctor Endeiza. “Hay objeciones cuando no se escucha supuestamente al sindicato de los trabajadores pero también hay objeciones cuando sí se escucha”, expresó.
Finalmente, el proyecto fue aprobado por 24 votos contra 12 y volverá al Senado para su segunda revisión debido a las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, lo que demorará aún más esta ley tan esperada por la comunidad judicial.
