La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, resolvió tener por formalizada la investigación penal preparatoria contra la exintendente de Fraga, Antonella Gil Rosino, por los hechos expuestos por la Fiscalía de Instrucción N° 6 y bajo la calificación provisoria de los delitos de peculado, falsificación de documento y uso de documento falso, en calidad de autora.
En su teoría del caso, la fiscal Linda Maluf sostuvo que la mandataria habría encabezado una maniobra fraudulenta destinada a desviar fondos públicos durante el tercer y cuarto trimestre de 2022, valiéndose de su cargo y de las facultades de administración que tenía sobre los recursos municipales.
Según expuso Maluf, la imputada “aprovechando la posición que ocupaba y con la intención de desviar los fondos públicos que le eran confiados, se dispuso a confeccionar una cantidad aproximada de 37 documentos falsos, tales como tickets y facturas”, los cuales luego eran utilizados para justificar gastos ante el Tribunal de Cuentas.
Otro de los puntos centrales de la imputación es la falta de registro de $2.300.000, correspondientes al cobro de un cheque emitido a favor de la Municipalidad de Fraga. Si bien el dinero fue percibido, “dicho ingreso en efectivo no figura en el libro de caja”, por lo que, según la fiscal, “ese dinero evidentemente y a sabiendas también fue desviado intencionalmente”.
En términos económicos, la Fiscalía detalló que el daño estimado para el tercer trimestre de 2022 asciende a $11.738.413, mientras que en el cuarto trimestre se calculó en $7.800.900, lo que totaliza un perjuicio aproximado de $19.593.310.
Finalmente, Maluf, acompañada por la fiscal adjunta Roxana Alcaraz, sostuvo que la conducta atribuida no fue un hecho aislado sino “un sinnúmero de irregularidades y actos fraudulentos”, ejecutados “con el único fin de provocar un grave perjuicio económico al municipio mediante el engaño deliberado”. Con esa base, la Fiscalía imputó a Gil Rosino por los delitos de peculado, falsificación de documento y uso de documento falso, en concurso real y en perjuicio de la administración pública.
Maluf afirmó que esos comprobantes apócrifos eran presentados “para simular la compra de bienes, de manera tal de poder justificar el uso del dinero ajeno”, remarcando que la entonces intendenta tenía bajo su responsabilidad “la administración, custodia y control” de esos fondos. En lugar de resguardarlos, señaló, actuó “de manera engañosa y fraudulenta presentando documentación contable apócrifa”.
La maniobra salió a la luz cuando el Tribunal de Cuentas auditó los balances municipales y detectó inconsistencias. A partir de allí, se contactó a los proveedores cuyos nombres figuraban en la documentación rendida. “Absolutamente ninguno de los supuestos proveedores reconoció ticket o factura alguna emitida por ellos”, destacó Maluf. Incluso varios aclararon que no trabajan con ese tipo de comprobantes o que operan exclusivamente con facturación electrónica.
La fiscal remarcó además que no solo se detectaron comprobantes falsos, sino también la ausencia total de respaldo documental de pagos. “No existe comprobante de pago. No hay registro de pagos de todos esos montos a los supuestos proveedores”, afirmó, descartando así cualquier hipótesis de error administrativo o engaño de terceros.
La fiscal también puso bajo sospecha compras de materiales de construcción en otras provincias, sin remitos, guías de traslado ni constancias logísticas. “¿Dónde está la guía del traslado de los materiales? No existe nada de eso”, cuestionó. A ello sumó que tampoco hubo licitaciones ni documentación que justificara por qué esos insumos se habrían adquirido fuera de San Luis. Además, mencionó una rendición vinculada a la compra de ropa deportiva que fue respaldada con una resolución municipal ya utilizada previamente para otro evento. Para la fiscal, esto evidencia “una adulteración también de actos administrativos” para sostener gastos sin justificación real.
Como medidas de coerción, la fiscal solicitó que la imputada de 37 años firme el libro de imputados y que se le prohíba la salida de la provincia, ambas solicitudes por un plazo de 120 días. También pidió la inhibición general de bienes, al considerar necesario resguardar el patrimonio de la acusada ante una eventual condena y para garantizar una futura reparación del daño al Estado.
Por parte de Fiscalía de Estado estuvo presente Juan Ignacio Trusendi, quién adhirió a la formulación de la Fiscalía y a las medidas solicitadas.
La resolución de la Justicia de Garantía
La jueza Banó hizo lugar a las medidas requeridas y ordenó que la imputada firme el libro de imputados del 1 al 10 de cada mes ante la Fiscalía de Instrucción N° 6, con sede en Ayacucho 945, tercer piso. Asimismo, dispuso la prohibición de salida de la provincia, medida que será comunicada a la Jefatura Central de Policía.
En relación a la solicitud de inhibición general de bienes, Banó consideró que la Fiscalía acreditó la “verosimilitud del derecho” y entendió que, al investigarse hechos que podrían haber afectado fondos públicos, resultaba necesario preservar el patrimonio de la imputada ante una eventual sentencia condenatoria y posible ejecución patrimonial.
Por ello, ordenó la inhibición general de bienes por 180 días conforme a la Ley 17.801 y será comunicada al Registro de la Propiedad Inmueble y al Registro Automotor, mientras avanza la investigación.
La posición de la defensa
El abogado defensor Gustavo Reviglio cuestionó la formulación de cargos y sostuvo que la formulación de cargos es prematura, ya que —según afirmó— todavía no están resueltos los recursos administrativos presentados ante el Tribunal de Cuentas y que podrían resultar favorables para su defendida.
En el inicio de la audiencia, el letrado realizó un planteo de nulidad a la formulación al sostener que las irregularidades atribuidas a su defendida aún se encuentran pendientes de resolución administrativa ante el Tribunal de Cuentas, sin embargo ese planteo fue rechazado por la jueza de Garantía.
Reviglio aseguró que los balances observados fueron presentados “en tiempo y forma” y remarcó que fue su defendida quien realizó denuncias penales contra los proveedores señalados, por lo que pidió esperar el avance de esas investigaciones antes de impulsar la causa penal. Además, rechazó la hipótesis de peculado y defendió la operatoria financiera del municipio, explicando que el manejo de efectivo mediante cheques a nombre del municipio es habitual en localidades pequeñas como Fraga, donde no existen entidades bancarias. Finalmente, planteó que la actuación fiscal tiene “un contenido político” y solicitó que se rechace la formulación de cargos hasta que exista una resolución definitiva del Tribunal de Cuentas y, eventualmente, del Superior Tribunal de Justicia.
Fuente: Prensa Poder Judicial
