El Partido Justicialista de San Luis cuestionó la decisión de la Justicia de ordenar la prisión preventiva por 60 días para la exdiputada provincial Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel, en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la Casa de la Música del Molino Fénix. También rechazó el pedido impulsado por el Ministerio Público Fiscal para avanzar sobre los fueros del diputado provincial Joaquín Beltrán.
A través de un comunicado titulado “No hay justicia ni democracia cuando se violan las garantías constitucionales”, el PJ calificó la medida dispuesta por el juez de Garantía Nº 4, Santiago Ortiz, como “un ejercicio abusivo y desproporcionado del poder cautelar” y sostuvo que constituye “un gravísimo precedente institucional para San Luis”.
El partido sostuvo que la prisión preventiva no constituye una pena anticipada y recordó que se trata de la medida cautelar más gravosa que puede adoptarse contra una persona que conserva el estado constitucional de inocencia. En ese sentido, señaló que el Código Procesal Penal establece que debe recurrirse a esta medida únicamente cuando ninguna otra resulte suficiente para garantizar el desarrollo del proceso.
Respecto de Anabela Lucero, Enzo Lucero y Scarel, el PJ afirmó que los tres “carecen de antecedentes y poseen arraigo familiar” y sostuvo que, a su criterio, no existe entorpecimiento de la investigación ni peligro de fuga. También cuestionó que el juez haya rechazado las medidas alternativas propuestas por las defensas y dispuesto el alojamiento de los imputados durante 60 días en el Servicio Penitenciario Provincial. El comunicado señaló que esa decisión ya fue sometida a revisión.
En relación con Beltrán, el Partido Justicialista cuestionó el pedido impulsado por el Ministerio Público Fiscal, con adhesión de la Fiscalía de Estado, para avanzar sobre los fueros constitucionales del diputado provincial por Pedernera. Según expresó el partido, el objetivo sería que el legislador quede en las mismas condiciones de prisión preventiva que los demás imputados, pese a que no existe una condena.
El comunicado también incluyó cuestionamientos políticos al Gobierno provincial y al funcionamiento del sistema judicial. El PJ denunció una supuesta “connivencia” entre el gobernador Claudio Poggi, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y decisiones judiciales que, según sostuvo, serían funcionales al poder político provincial.
En ese marco, el partido afirmó que la Justicia “no puede transformarse en una herramienta para disciplinar opositores” y sostuvo que los dirigentes de ese espacio atraviesan desde hace casi tres años una situación que calificó como una persecución y disciplinamiento judicial.
El PJ cerró el comunicado con un reclamo para que en San Luis se respeten la Constitución, el debido proceso, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. “Para todos”, remarcó el documento, que también cuestionó la existencia de privilegios para sectores vinculados al poder y de persecución contra quienes tienen posiciones políticas diferentes.
