En la tarde de este jueves ingresó a la Cámara de Diputados el pedido de la Justicia para el desafuero del legislador del bloque Frente Unidad Justicialista, Joaquín Beltrán, uno de los imputados en la causa del Molino Fénix. Beltrán está acusado como presunto jefe de una asociación ilícita junto a la exdiputada Anabela Lucero, quien permanece en prisión preventiva desde este lunes por 60 días.
Según confirmaron fuentes legislativas a La Gaceta Digital, el pedido de desafuero que ingresó a la Legislatura sería voluminoso y los diputados tendrían acceso al expediente el próximo lunes. La solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 3 ingresaría al sumario en la sesión del próximo miércoles y sería girada a la comisión correspondiente. Por lo tanto, el desafuero no sería tratado en la sesión del miércoles 2 de septiembre. De hecho, el principal tema a tratar en la próxima sesión sería el proyecto para declarar la necesidad de la reforma de la Constitución Provincial que tiene media sanción del Senado
Una vez que la comisión emita despacho sobre el pedido de desafuero, será tratado en sesión. Deberá ser aprobado por los “dos tercios de los diputados presentes”, según establece el artículo 108 de la Constitución de la Provincia. Una vez aprobado el desafuero, la Fiscalía podrá avanzar con el pedido de prisión preventiva para Beltrán y el juez de Garantía N° 4, Santiago Ortiz, deberá resolver si la impone o no.
Según la teoría del caso expuesta por el fiscal de Instrucción N° 3, José Olguín, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2020 y 2023 y habrían provocado un perjuicio estimado en $900 millones a la Administración Pública.
La Fiscalía sostuvo que los imputados habrían aprovechado las funciones que cumplían en el Molino Fénix para disponer de fondos públicos en beneficio propio o de terceros mediante distintos mecanismos irregulares, entre ellos, la utilización de facturas falsas.
Uno de los mecanismos señalados fueron las contrataciones directas con empresas radicadas en otra provincia que no eran proveedoras del Estado provincial. También se investigan contrataciones de empresas cuyos bienes o servicios no estaban vinculados con la actividad del Molino Fénix. Según lo expuesto en la audiencia, de los 116 cheques relevados durante la investigación, solamente cuatro estaban en orden.
En relación con la asociación ilícita, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que habría existido un acuerdo entre los imputados entre 2020 y 2023, con división de funciones. También señaló que se habrían utilizado servicios y vehículos para la campaña electoral de Anabela Lucero y que habría funcionado una red de pagos. Entre los hechos investigados se encuentra el presunto vaciamiento de la Casa de la Música del Molino Fénix, ocurrido el 9 de diciembre de 2023.
Otro de los delitos atribuidos es el ocultamiento y la destrucción de evidencia. De acuerdo con la acusación fiscal, a mediados de 2023, ante el próximo cambio de gestión, los imputados habrían sustraído y destruido elementos que podían vincularlos con los hechos investigados.
Entre las situaciones mencionadas se encuentra la presunta destrucción de registros contables en un horno de barro y el borrado de evidencia digital de teléfonos celulares que, según la Fiscalía, habría sido realizado por Beltrán y Anabela Lucero.
