La jueza de Garantía Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, Agustina Dopazo Samper, tuvo por formulados los cargos contra Juan Heber Hildebrando Suárez, el policía investigado por tres hechos de violencia contra su pareja, y dispuso cuatro meses de prisión domiciliaria con dispositivo dual.
La resolución se conoció este miércoles, durante la reanudación de la audiencia luego de la prórroga de ocho días prevista en el artículo 40 de la Constitución Provincial, que había sido concedida a pedido de la defensa.
En representación de la Fiscalía de Género Nº 2 intervinieron la fiscal Antonella Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García. La defensa de Suárez fue ejercida por las abogadas Belén Levinsgton y Romina Zoppi.
Suárez es investigado por tres episodios ocurridos entre el 19 y el 23 de agosto. Según la relató la fiscalía durante la formulación de cargos, habría golpeado a su pareja, la habría amenazado y utilizado su arma reglamentaria y un cuchillo para intimidarla. En el último hecho, además, habría inmovilizado a la mujer, golpeado en la cabeza e intentado asfixiarla durante una situación de violencia que se habría prolongado durante la noche.
La intervención policial se produjo luego de que la hija de la pareja pidiera auxilio a una tía, quien acudió al domicilio acompañada por efectivos policiales.
La defensa pidió la libertad y propuso medidas alternativas
Durante la audiencia, la defensa solicitó la libertad de Suárez al sostener que no existe peligro de fuga ni riesgo de entorpecimiento de la investigación. Entre sus argumentos, señaló que el imputado posee arraigo en la provincia, donde reside su familia, trabajan y estudian sus hijos, y que no registra antecedentes.
Las abogadas plantearon que la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía resultaría una medida desproporcionada ante la posibilidad de aplicar otras alternativas. En ese sentido, propusieron la colocación de un dispositivo dual y otras reglas de conducta. Subsidiariamente, solicitaron que se dispusiera la prisión domiciliaria.
La defensa informó además que se realizaron consultas para determinar la factibilidad técnica de la colocación del dispositivo. Explicó que inicialmente se había evaluado el domicilio de la madre del imputado, donde no resultaba posible implementarlo por cuestiones de conectividad, y posteriormente se propuso la vivienda de una hermana de Suárez, ubicada en la ciudad de La Punta, donde sí se determinó su factibilidad.
Formulación de cargos
Al resolver, la jueza Dopazo Samper analizó los tres hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal y las evidencias presentadas hasta esta instancia, entre ellas la denuncia, informes médicos y testimonios incorporados a la investigación.
La magistrada señaló que la defensa no formuló oposición a la formulación de cargos y consideró que, en esta etapa inicial del proceso, la calificación legal propuesta por la Fiscalía resultaba congruente con los hechos y las evidencias reunidas.
En consecuencia, tuvo por formulados los cargos contra Suárez como presunto autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma, en concurso real.
Cuatro meses de prisión domiciliaria con dispositivo dual
En relación con la medida de coerción, la jueza tuvo en cuenta que la Fiscalía había solicitado 120 días de prisión preventiva y había fundamentado su pedido en la existencia de riesgo de fuga, peligro de entorpecimiento y riesgo para la víctima.
La magistrada consideró especialmente los riesgos de entorpecimiento y para la mujer, pero entendió que podían ser cautelados mediante una medida menos gravosa que la prisión preventiva en el Servicio Penitenciario.
Por ese motivo, dispuso que Suárez cumpla prisión domiciliaria durante cuatro meses en la vivienda de su hermana, ubicada en la ciudad de La Punta, con la colocación de un dispositivo dual.
Asimismo, se mantiene vigente la prohibición de acercamiento y contacto con la mujer. Durante la audiencia, la jueza explicó al imputado que no podrá abandonar el domicilio donde cumplirá la medida ni comunicarse con ella por ningún medio, ya sea de manera directa, a través de redes sociales o mediante terceras personas.
También le advirtió que cualquier situación que requiera modificar el lugar de cumplimiento de la prisión domiciliaria deberá ser planteada previamente ante el Juzgado y que no podrá trasladarse a otro domicilio sin autorización judicial.
La magistrada remarcó que el dispositivo permitirá controlar el cumplimiento de la restricción de acercamiento y explicó que una eventual aproximación a la zona de exclusión generará una alerta en el sistema.
Finalmente, advirtió que el incumplimiento de las medidas impuestas podría motivar una nueva audiencia y un nuevo pedido de la Fiscalía para aplicar una medida de coerción más gravosa.
Fuente: Prensa Poder Judicial
