Un joven de 20 años fue imputado por el delito de estafa mediante la utilización de tarjeta de crédito hurtada o extraviada, previsto en el artículo 173 inciso 15, en relación con el artículo 45 del Código Penal, luego de que el fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat, le formulara cargos por realizar la compra de dos iPhones con una Tarjeta Visa que previamente había sido sustraída.
En una audiencia realizada este lunes ante el juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes, la Fiscalía detalló que el hecho ocurrió el cinco de junio pasado cuando una camioneta Volkswagen Amarok perteneciente a otro hombre se encontraba estacionada. Según la teoría del caso, autores desconocidos rompieron uno de los vidrios del vehículo y sustrajeron del interior una mochila que contenía documentación y tarjetas bancarias de la víctima.
De acuerdo con la investigación fiscal, el imputado habría utilizado posteriormente una de esas tarjetas para realizar compras por un total de $2.650.000 en el local comercial ubicado en calle Belgrano de la ciudad de San Luis. Según Assat, con la tarjeta Visa del dueño de la camioneta se adquirieron dos teléfonos iPhone 13 Pro Max y el joven también habría mostrado interés por una motocicleta que se encontraba a la venta en el comercio.
Assat explicó que la investigación permitió identificar al acusado a partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de otras medidas investigativas. Entre las evidencias mencionó la denuncia de la víctima y su ampliación, el testimonio del propietario del comercio, registros de las compras, fotografías e imágenes de los locales y el resumen de la tarjeta de crédito.
“Naturalmente se puede ver al imputado realizando estas compras”, afirmó el representante del Ministerio Público Fiscal al referirse a los registros fílmicos incorporados a la investigación.
Respecto de las medidas de coerción, Assat señaló que el imputado compareció citado y en libertad, por lo que solicitó medidas menos gravosas: firma del libro y prohibición de salir de la provincia durante 60 días. El fiscal explicó que durante ese período la investigación podría quedar en condiciones de ser elevada a juicio o permitir avanzar en una salida alternativa, teniendo en cuenta el perjuicio económico ocasionado.
El joven investigado se abstuvo de declarar y fue representado por la abogada María de los Ángeles De Pascuale, quien no se opuso a las medidas solicitadas por la Fiscalía. La abogada además destacó que su asistido es un joven de 20 años, sin antecedentes y manifestó su intención de reparar integralmente el perjuicio económico ocasionado, abonando los $2.650.000 utilizados con la tarjeta de crédito de la víctima, además de ofrecer disculpas.
La defensa reconoció que su cliente utilizó la tarjeta, aunque aclaró que, según su versión, no fue quien la sustrajo, sino que la encontró y posteriormente hizo uso de ella. Por este motivo, solicitó que durante los 60 días de las medidas de coerción se procure alcanzar un acuerdo de reparación integral o un criterio de oportunidad que permita resolver el conflicto sin necesidad de avanzar hacia un juicio.
Finalmente, Flores Leyes tuvo por formalmente formulados los cargos contra el imputado, al considerar que la Fiscalía presentó elementos suficientes para esta etapa inicial de la investigación y que no existían vicios formales. En cuanto a las medidas de coerción, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso que el imputado continúe el proceso en libertad, con dos reglas de conducta durante 60 días: deberá firmar el libro de la Fiscalía del 1 al 10 de cada mes y tendrá prohibición de salir de la provincia, salvo situaciones de salud, urgencia o trabajo que sean comunicadas previamente.
El magistrado valoró especialmente la juventud del imputado y la ausencia de antecedentes, considerando que una medida más gravosa podría resultar perjudicial. Al mismo tiempo, le advirtió que la causa continúa en trámite y que deberá cumplir estrictamente las reglas impuestas.
Ante el planteo de la defensa para reparar integralmente el daño, el juez invitó a la Fiscalía a analizar la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la víctima. Señaló que, al tratarse de un delito patrimonial, no existiría en principio un obstáculo para avanzar con una reparación integral. Si no fuera posible concretar el acuerdo con intervención de la Fiscalía, habilitó a la defensa a presentar formalmente la propuesta ante el juzgado.
Fuente: Prensa Poder Judicial
