La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados emitió este martes dictamen de mayoría a favor del desafuero de Joaquín Beltrán, tal como lo solicitó el fiscal José Olguín en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el Complejo Molino Fénix. La oposición presentó un despacho de minoría en sentido contrario y ambos llegarán este miércoles al recinto, donde el oficialismo afrontará ahora el desafío central: reunir los 29 votos necesarios para alcanzar los dos tercios de la totalidad de la Cámara.
“En el curso de la jornada, la comisión ha dictaminado mayoritariamente hacer lugar al requerimiento del fiscal José Olguín, quien solicitó a este cuerpo el allanamiento de los fueros del diputado Beltrán en orden a pedir medidas de coerción penal”, confirmó a La Gaceta Digital el diputado oficialista Carlos Pereira. Según explicó, el despacho opositor también será puesto a consideración durante la sesión, aunque primero se tratará el de mayoría.
Sin embargo, la cuenta aparece más que ajustada. Para aprobar el desafuero se requieren como mínimo 29 votos sobre los 43 integrantes de Diputados, la misma mayoría agravada que necesitó el oficialismo para avanzar con la ley de necesidad de reforma constitucional. Sin embargo, aquella votación no necesariamente puede trasladarse de manera automática a este miércoles.
Uno de los interrogantes pasa por los diputados electos por Tercera Posición que acompañaron la reforma. Walter Córdoba aparece, en principio, dispuesto a respaldar también el desafuero, mientras que el ex peronista y ex La Libertad Avanza, Carlos D’Alessandro, no estará presente en la sesión, una ausencia que complica la posibilidad de alcanzar el número requerido. El legislador, comentaron fuentes de este medio, viajó a Buenos Aires para atender a un familiar que fue operado.
La otra mirada estará puesta sobre Florencia Palacios, del Frente Unidad Justicialista. La legisladora se apartó de su bloque durante la reforma constitucional y aportó el voto número 30 al proyecto impulsado por Poggi. Días después, el Gobierno provincial desplegó una fuerte agenda en Las Lagunas, localidad conducida por Luis Palacios, con obras y convenios que, según informó el Ejecutivo, representan una inversión de alrededor de $200 millones. Su posición frente al pedido de desafuero de Beltrán aparece ahora como uno de los interrogantes de la sesión.
“No somos jueces de la causa”
Más allá de la disputa por los votos, Pereira sostuvo que la decisión de Diputados no supone determinar la responsabilidad penal de Beltrán, sino resolver si debe continuar protegido por la inmunidad de arresto mientras avanza la investigación. “Nosotros como Poder Legislativo, como un poder del Estado, lo que tenemos que resolver es una resolución que tiene una naturaleza política, discrecional, prudencial, en orden a desaforar o no desaforar a un miembro de este cuerpo a instancia de la Justicia. No somos jueces de la causa. No implica una condena anticipada la privación de los fueros”, explicó.
El fiscal Olguín había solicitado el allanamiento de los fueros para poder avanzar posteriormente con un pedido de prisión preventiva contra Beltrán. Como informó este medio al revelar los fundamentos del requerimiento, la Fiscalía considera que existen riesgos de entorpecimiento de la investigación y le atribuye al legislador un papel central en las maniobras investigadas en Molino Fénix.
Pereira remarcó que un eventual desafuero haría cesar la inmunidad de arresto y permitiría que el proceso continúe sin esa protección, pero “la presunción de inocencia sigue vigente respecto a Beltrán”.
“Apelo al más sano criterio de los legisladores, en el sentido de darle la derecha a este pedido de la Justicia, que es otro poder del Estado, para que lleve adelante las pesquisas y las investigaciones hasta llegar al debate oral, sin que concurran entorpecimientos en la causa por parte del diputado Beltrán o de terceros, que es lo que alega el fiscal”, afirmó.
Una votación sin antecedentes recientes en Diputados
La sesión tendrá además un componente histórico. “Es inédito del regreso a la democracia a esta parte. No tengo presente que en la Cámara de Diputados se haya tratado un desafuero”, señaló, solamente recordando el caso del exsenador Ariel Rosendo, cuyo desafuero fue solicitado en junio de 2022 y aprobado por la Cámara de Senadores en septiembre de ese mismo año, tras una serie de “tratamientos proteccionistas del bloque del PJ”, consideró Pereira.
Para el legislador oficialista, además de los argumentos jurídicos y políticos, existe “una demanda de la sociedad muy contundente en el sentido de que le demos la derecha al trabajo de la Justicia”.
Con los dos dictámenes ya firmados, la discusión deja así de estar concentrada en la comisión y pasa al recinto. La incógnita no es ya qué posición llevará el oficialismo, sino si podrá convertirla en 29 votos, en una sesión en la que algunas de las voluntades que permitieron alcanzar los dos tercios para la reforma constitucional volverán a resultar decisivas.
