Como para que no todo fueran derrotas en la jornada, el oficialismo provincial se desquitó este miércoles del revés sufrido con el desafuero de Joaquín Beltrán y consiguió tratar sobre tablas y dar media sanción al Presupuesto 2027. La decisión tomó por sorpresa a la oposición e incluso contrastó con lo que distintos legisladores oficialistas habían asegurado ayer a La Gaceta Digital: que el proyecto sería tratado recién la próxima semana.
El rumor sobre un posible adelantamiento comenzó a circular minutos antes del inicio de la sesión y finalmente se concretó. El proyecto enviado por el Ejecutivo fue aprobado por 28 votos contra 9 y pasó al Senado. Contempla recursos y erogaciones por $2.585.093.266.845, no prevé endeudamiento y, según el oficialismo, mantiene equilibradas las cuentas provinciales.
La miembro informante, Eugenia Gallardo, lo definió como “un presupuesto que presenta una ecuación equilibrada y sin endeudamiento, como resultado de una administración austera, prudente y responsable de los recursos del Tesoro Provincial”. La legisladora señaló que para 2027 se proyecta un escenario sin crecimiento real de los ingresos y sostuvo que, aun así, el Gobierno prevé mantener el equilibrio mediante la asignación de recursos y la disciplina fiscal.
En cuanto al origen de los fondos, el 72% de los ingresos previstos provendrá de recursos federales y nacionales y el 28% será de origen provincial. Al respecto, Nicolás González Ferro señaló que durante 2026 San Luis recibió un 1,4% menos de transferencias automáticas que en 2025 y no percibió Aportes del Tesoro Nacional. “Y aún así, San Luis no se endeuda y mantiene sus compromisos de gasto equilibrado y responsable”, sostuvo.
Del lado de las erogaciones, el 80% corresponderá a gastos corrientes y el 20% a gastos de capital. Más de la mitad de los recursos estará destinada a salarios y transferencias para afrontar remuneraciones de la Administración Pública, escuelas autogestionadas y privadas, entes y empresas estatales y los distintos poderes del Estado. Sumados los gastos de personal, la coparticipación municipal y las asignaciones del Plan de Inclusión, esos conceptos representarán aproximadamente dos tercios del presupuesto.
Educación, Salud, Seguridad y 2.600 viviendas
Según detallaron los diputados del oficialismo, el Gobierno proyectó destinar el 59% del presupuesto a Educación, Salud y Seguridad. Educación concentrará más de $765.000 millones, equivalentes a más del 29% del total, e incluirá salarios, becas, Estampillas Escolares, el Programa de Alimentación Nutritiva Escolar (PANE), formación docente, infraestructura y la continuidad de los programas Queremos Aprender y Queremos Resolver. También se contemplan recursos para preparar la obligatoriedad de la sala de 3 años a partir de 2028.
Salud dispondrá de más de $530.000 millones, mientras que Seguridad tendrá más de $217.000 millones. En este último caso, el proyecto contempla continuar la instalación de alarmas ciudadanas, ampliar la videovigilancia y los lectores de patentes, además de realizar mejoras en infraestructura policial y penitenciaria.
Otro 11% del presupuesto estará destinado a obra pública, con una inversión prevista de alrededor de $270.000 millones, financiada principalmente con Rentas Generales. Más de la mitad de esos recursos se concentrará en soluciones habitacionales: el Ejecutivo proyecta construir 2.600 viviendas, divididas en 1.300 unidades de barrio del programa Tenemos Futuro y otras 1.300 mediante Autoconstrucción Asistida. A esto se suman políticas de regularización dominial y 3.000 soluciones previstas mediante Escriturá Tu Casa.
El proyecto también incluye recursos para comenzar los planes maestros del Agua y de Energía y una partida superior a $5.700 millones para el Régimen de Consorcios Camineros, destinado al mantenimiento de caminos rurales. Además, prevé fondos para el funcionamiento de la Convención Constituyente que será elegida en 2027 y no contempla gastos reservados.
En materia productiva, el Ejecutivo apuesta al recientemente aprobado Régimen de Incentivos para la Producción, el Empleo y la Exportación (RIPEE), con beneficios impositivos, subsidios al empleo y herramientas de financiamiento. También continuarán Mi Próximo Paso, Mi Primer Emprendimiento y otras políticas orientadas a incorporar beneficiarios del Plan de Inclusión al empleo privado.
Para la oposición “es un presupuesto deficitario”
Por una oposición claramente sorprendida por el tratamiento sobre tablas, Silvia Sosa Araujo fue la única diputada que tomó la palabra para cuestionar el proyecto. Además de objetar la velocidad con la que llegó al recinto, contradijo directamente uno de los principales argumentos del oficialismo: “Es un presupuesto deficitario en $116.367.928.710”.
Según explicó, esa conclusión surge de que el Ejecutivo proyecta recurrir a reservas para financiar gastos, una herramienta que recordó que el poggismo cuestionaba durante las administraciones de Alberto Rodríguez Saá. “Además, para financiar este presupuesto hace referencia a la venta de la Casa de San Luis en Buenos Aires, donde el valor supera más de 4 mil millones, y la venta de inmuebles de esta ley RIPEE, que todavía no está reglamentada”, señaló. También cuestionó que se proyecten $60.000 millones menos de recaudación como consecuencia del RIPEE sin que, según sostuvo, esté suficientemente explicado cómo se llegó a esa cifra.
Sosa Araujo reparó además en que el mensaje del Ejecutivo vuelve a mencionar “la compleja situación heredada al inicio de la gestión actual gubernamental, cuyos efectos continúan incidiendo en la ejecución presupuestaria”. “Hagan algo, por favor, dejen de decir esto. Ya vimos la Cuenta de Inversión, ya vimos la plata que tenían”, dijo la diputada, claramente cansada de la excusa de la pesada herencia.
La legisladora cuestionó también las variables macroeconómicas publicadas por el Banco Central y utilizadas para elaborar el proyecto, que contemplan un crecimiento de la actividad del 3% y una inflación anual cercana al 20%. “Sin embargo, estas consultoras ya bajaron estas estimaciones al 2,1%. O sea que subestimaron esto. Esto quiere decir que, si hay menos crecimiento, hay menos ingresos y hay más ajuste”, dijo la opositora.
Las diferencias con 2026
Al comparar ambos presupuestos, Sosa Araujo calculó que el crecimiento nominal para 2027 es del 37%, pero que en términos reales representa “solo el 4%”. También sostuvo que no se encuentran previstos aumentos salariales y afirmó que el beneficio de Inclusión Social cae un 3% en términos reales: “Esto significa que no se prevé un aumento y que va a haber menos beneficiarios”.
La diputada señaló además una reducción real del 5% en la coparticipación municipal y, según sus cálculos, caídas del 9% en Trabajo y del 5% en Salud. Sobre esta última área advirtió que esa disminución terminaría significando “menos prótesis, menos remedios oncológicos” y menos materiales de laboratorio.
En contraste, cuestionó el incremento de los recursos destinados a la reforma constitucional y puso particularmente el foco en Comunicación, cuya partida, según expuso, pasará de alrededor de $11.000 millones en 2026 a casi $20.000 millones en 2027.
También calificó el apartado plurianual 2027-2029 como “un dibujo sin ningún tipo de explicación”, al considerar que sus ocho páginas contienen cifras sin un desarrollo de las políticas previstas para esos ejercicios.
De esta manera, el Presupuesto 2027 obtuvo media sanción en una jornada que había comenzado con un resultado adverso para el oficialismo por no conseguir los 29 votos necesarios para avanzar con el desafuero de Beltrán. Horas después, y mediante un tratamiento sobre tablas que hasta el día anterior no aparecía en los planes que legisladores del propio oficialismo habían transmitido a este medio, el Gobierno consiguió que su principal herramienta financiera para el próximo año avanzara al Senado.
