La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) San Luis se pronunció sobre el proyecto de Desendeudamiento Familiar enviado este jueves por el Gobierno provincial a la Legislatura y destacó que se avance sobre una problemática e iniciativa que el gremio había planteado formalmente hace cinco meses. Sin embargo, reclamó que las condiciones de refinanciación no terminen generando una nueva carga financiera para los trabajadores y pidió que el programa alcance también a beneficiarios del Plan de Inclusión Social y empleados municipales.
A través de un comunicado titulado “Plan de desendeudamiento: más vale tarde que nunca Poggi”, ATE recordó que en abril presentó ante el gobernador Claudio Poggi y el entonces ministro de Hacienda, Néstor Ordoñez, un pedido para implementar un mecanismo destinado específicamente a trabajadores de la administración pública provincial. Para el sindicato, la iniciativa remitida ahora a la Legislatura aborda “una problemática que ATE viene señalando y reclamando públicamente: el creciente nivel de endeudamiento de las trabajadoras y los trabajadores estatales”.
El secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, puso el foco principalmente en las condiciones que tendrán los planes de refinanciación. “Esperamos que este Plan de desendeudamiento no termine generando un nuevo endeudamiento ni agravando la situación de las y los trabajadores mediante intereses o costos financieros”, sostuvo.
En ese sentido, Gatica consideró que el Gobierno provincial debería asumir los eventuales costos para garantizar que la refinanciación represente efectivamente una reducción de la carga financiera. “El objetivo debe ser claro: desendeudar a las y los trabajadores, aliviar su situación económica y permitirles recuperar parte de la tranquilidad que hoy les falta”, afirmó.
El proyecto enviado por el Ejecutivo contempla que bancos, financieras, fintech y otras entidades crediticias puedan acceder a exenciones impositivas a cambio de ofrecer condiciones más favorables para refinanciar deudas con más de tres meses de mora. Entre los parámetros establecidos figuran un plazo mínimo de 24 meses, al menos dos meses de gracia, un límite para la tasa de interés y cuotas que no podrán superar el 30% de los ingresos del grupo familiar.
ATE vinculó el nivel de endeudamiento de los empleados públicos con la evolución de los salarios durante los últimos años. Según planteó el sindicato, “los salarios estatales han sido una de las principales variables de ajuste”, mientras que la pérdida de poder adquisitivo llevó a numerosas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos. En ese marco, aseguró que actualmente “más del 70%” de los trabajadores se encuentra endeudado, aunque el comunicado no precisó la fuente ni la metodología utilizada para obtener ese porcentaje.
El gremio también pidió que, una vez implementado, el programa tenga un alcance amplio y permita acceder a sus beneficios a todo el universo de trabajadores estatales. En particular, mencionó a quienes forman parte del Plan de Inclusión Social y a los empleados de los municipios de la provincia.
Por otra parte, ATE reivindicó el planteo realizado en abril y sostuvo que el anuncio demuestra que reclamos formulados previamente por la organización terminan siendo incorporados a las políticas provinciales. “Nos reconforta comprobar que, una vez más, iniciativas y reclamos que nuestra organización viene planteando con anticipación terminan formando parte de las políticas que deben adoptarse para comenzar a dar respuesta a los problemas de las y los trabajadores”, expresó.
El sindicato aclaró, de todos modos, que considera al desendeudamiento como una respuesta a las consecuencias del deterioro salarial y no como una solución al problema de fondo. “El endeudamiento no apareció de un día para el otro. Es, en gran medida, consecuencia de salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades de las familias trabajadoras”, señaló.
Por ese motivo, además de pedir que el proyecto se concrete y que “no quede ningún trabajador afuera”, ATE ratificó que continuará reclamando una recomposición de los ingresos de los empleados públicos. “Vamos a seguir reclamando lo fundamental: salarios dignos”, concluyó el comunicado.
