A más de seis años del derrumbe ocurrido en la esquina de Aristóbulo del Valle y San Juan, que provocó la muerte de dos personas, la querella que representa a la familia de Carlos Javier Rodríguez Peralta sostuvo que la causa ya cuenta con elementos suficientes para ser elevada a juicio oral. El planteo fue realizado este martes por el abogado Matías Nostray, mientras se aguarda la resolución de distintos planteos judiciales y una audiencia de control de acusación prevista para este jueves 1º de octubre.
Por el hecho permanecen imputados Oscar Ángel Gitto y Moisés Jonás Walter Abdala por el delito de estrago culposo agravado por el resultado muerte. El derrumbe ocurrió el 4 de agosto de 2020, mientras se realizaban trabajos de remodelación en el inmueble, y causó las muertes de Nélida Deolinda Romero de Gitto y Rodríguez Peralta, quien tenía 19 años y trabajaba como ayudante de albañil.
La situación procesal tuvo un cambio importante después de la audiencia realizada el 29 de junio, cuando el Juzgado de Garantía Nº2 había concedido a Abdala la suspensión del juicio a prueba por dos años. La decisión contemplaba la realización de tareas comunitarias y el pago de $3 millones como reparación económica, pese a la oposición de la querella.
Nostray informó este martes que aquella resolución fue apelada y posteriormente revocada por el Tribunal de Impugnaciones. “Eso fue muy importante para nosotros, porque lo que buscamos es que la causa llegue a juicio oral, a debate oral, y se eleve”, explicó. De esta manera, Abdala continúa imputado en la causa, aunque su defensa presentó nuevos recursos contra la decisión.
Esos planteos podrían tener incidencia sobre la audiencia prevista para este jueves respecto de Gitto. Según explicó el abogado, se trata de un control de acusación, instancia previa a una eventual elevación de la causa a juicio. Sin embargo, debido a que ambos están imputados por el mismo hecho y la situación de Abdala todavía se encuentra sometida a revisión, la querella aguarda una definición del Juzgado de Garantía sobre cómo continuará el trámite.
“Hemos presentado escritos ya viendo si se va a suspender la misma o se va a fijar nueva fecha para tener en iguales condiciones a los imputados”, explicó Nostray. Sobre Gitto, precisó que actualmente continúa imputado y sin ninguna otra medida procesal particular en su contra.
“La causa está en condiciones de ser elevada a juicio”
La querella considera que la investigación produjo elementos suficientes para que la responsabilidad de ambos acusados sea discutida en un debate oral. Nostray señaló que durante estos años acompañaron la investigación de las diferentes fiscalías que intervinieron y realizaron aportes probatorios que, a criterio de la familia, permiten avanzar hacia esa instancia.
“Entendemos que aquí ha habido un delito del 189, que es un estrago seguido de muerte, el que está agravado, que se atentó básicamente contra la seguridad común”, manifestó. El abogado remarcó especialmente que el hecho provocó dos muertes y que la familia a la que representa perdió a su hijo de 19 años.
Por esa razón, consideró que la gravedad del episodio y la conmoción que provocó justifican que las pruebas sean analizadas en un juicio. “Mínimamente es dable para que el juicio se desarrolle con todas las garantías que se deba desarrollar, con las defensas que deban acudir, pero que se desarrolle, que se evalúe el material probatorio de manera específica”, sostuvo.
La postura de los padres de Rodríguez Peralta, agregó, es que la causa llegue a juicio y no concluya mediante una reparación económica. “Ellos no quieren reparaciones económicas, no están en esto por un fin pecuniario. Ellos quieren que haya justicia, que se atribuya responsabilidad a los que provocaron por su actuar negligente la muerte de su hijo de 19 años”, afirmó Nostray.
Respecto de una eventual solicitud de suspensión del juicio a prueba por parte de la defensa de Gitto, el abogado consideró que el imputado no reuniría las condiciones necesarias para acceder al beneficio, aunque aclaró que cualquier planteo deberá ser evaluado por su defensa, la Fiscalía y el Juzgado de Garantía.
Seis años de trámite judicial
Nostray también se refirió al tiempo transcurrido desde el derrumbe y descartó atribuir las demoras a maniobras deliberadas dentro del Poder Judicial. “Nosotros no hablaríamos jamás de dilaciones intencionales. Entendemos que los particulares y los que intervienen en la Justicia hacen el mejor esfuerzo y el trabajo que pueden y está a su alcance”, expresó.
El abogado consideró que los cambios de procedimientos producidos durante estos años pudieron contribuir a extender el trámite y reconoció que “los tiempos no son los que hubiésemos querido”. Sin embargo, insistió en que, después de la prueba reunida durante la investigación, “la causa está en condiciones de ser elevada a juicio en cuanto a los dos imputados”.
El avance inmediato dependerá ahora de lo que ocurra con los recursos presentados por la defensa de Abdala. Según Nostray, primero deberá resolverse si el nuevo planteo resulta admisible y, en caso afirmativo, continuará su trámite ante el tribunal correspondiente. La intención de la querella es que las situaciones procesales de ambos acusados queden nuevamente en condiciones similares para avanzar con la elevación conjunta de la causa a juicio.
