El Concejo Deliberante de San Luis aprobó el proyecto de ordenanza para implementar sistemas de inteligencia artificial (IA) en el ámbito municipal, con ocho votos positivos y seis abstenciones. La iniciativa fue enviada por el intendente Gastón Hissa y generó críticas de concejales del bloque Justicialista, que cuestionaron la falta de participación de la oposición en su elaboración.
La concejal Micaela Medina, del bloque oficialista Ahora San Luis y titular de la Comisión de Legislación e Interpretación, fue la encargada de informar sobre el proyecto durante la sesión.
“Este proyecto lo que busca es modernizar y agilizar a la municipalidad. La tecnología no va a venir a reemplazar a los empleados municipales, lo que va a hacer es una herramienta para que la respuesta al vecino sea más rápida y para que los servicios públicos puedan funcionar de una mejor manera”, afirmó.
Medina también defendió la iniciativa al señalar que es “equilibrada” y “éticamente sólida”, que respeta la Carta Orgánica Municipal y que contempla la protección de los datos personales, los derechos de los vecinos y los trabajadores municipales.
Desde el bloque Justicialista, el concejal Gastón Témoli cuestionó el tratamiento del proyecto y sostuvo que la ordenanza le otorga amplias facultades al intendente para definir la implementación de la inteligencia artificial en el municipio.
“Lo único que sí contiene claramente es un cheque en blanco nuevamente para el intendente. Para que él pueda hacer lo que quiera con la implementación de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito municipal”, expresó.
Témoli afirmó que el bloque intentó incorporar modificaciones para proteger el patrimonio municipal y a los vecinos ante posibles perjuicios derivados del uso de estas herramientas, pero que las propuestas no fueron aceptadas. También advirtió sobre la responsabilidad política del jefe comunal ante eventuales consecuencias negativas.
“Si algo pasa con la implementación de los sistemas de inteligencia artificial y se genera un perjuicio para nuestra comunidad, el principal responsable va a ser él”, manifestó.
El concejal también criticó la dinámica del debate legislativo y consideró que no hubo una instancia efectiva para incorporar los planteos de la oposición al texto que finalmente se aprobó.
Por su parte, la concejal justicialista Julieta Ponce cuestionó el trabajo legislativo y la falta de acuerdos entre los bloques. “No es posible que las políticas públicas no se puedan construir con todos los partidos políticos dentro”, sostuvo. Además, puso en duda que la implementación de estas tecnologías garantice por sí misma una mejora en las condiciones laborales: “La IA no puede hacer magia”.
“La única vocación que tienen es de ser la escribanía de Hissa, por eso están acá. Para aprobar los proyectos que manda Hissa”, criticó la legisladora.
La presidente del bloque oficialista, Lizbeth Huatay, rechazó las críticas. La concejal Ponce no se toma el trabajo a leer porque trae hasta recinto temas que no tienen que ver con esto, pero como estamos acostumbrados siempre aprovechan cada proyecto para chicanear”.
la titular del bloque oficialista afirmó que los cuestionamientos de la oposición no estaban vinculados con el contenido de la iniciativa. “El único fin de este proyecto enviado por el intendente Gastón Hissa es simplificar y, sobre todo, mejorar la atención al vecino”, señaló.
Otros concejales del Justicialismo, entre ellos Andrés Russo, Paulina Calderón y Juan Martín Divizia, también intervinieron en el debate y formularon críticas al proyecto y a la gestión municipal.
La ordenanza establece una implementación gradual de sistemas de inteligencia artificial en la administración municipal. El texto fija como objetivos simplificar y optimizar los procesos administrativos, mejorar los servicios públicos y promover un uso ético, responsable y transparente de estas tecnologías.
Entre sus principios incluye la protección de datos personales, la privacidad, la transparencia, la seguridad y la supervisión humana. También establece que los sistemas de IA deben complementar las capacidades de los agentes y funcionarios municipales, sin sustituirlos, y que la responsabilidad final de las decisiones corresponde a las personas competentes.
La norma prevé cuatro etapas: evaluación y planificación de las áreas en las que podría aplicarse la tecnología, capacitación de funcionarios y agentes, implementación piloto en organismos seleccionados y extensión progresiva al conjunto de las dependencias municipales. El Poder Ejecutivo será la autoridad de aplicación y podrá designar al organismo encargado de llevar adelante la ordenanza.
