En la jornada de la quinta marcha federal universitaria, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundió un informe que advierte que el proyecto de Presupuesto 2027 prevé $7,50 billones para las universidades nacionales, mientras que, si se aplicara la Ley de Financiamiento Universitario, los recursos ascenderían a $9,60 billones. La diferencia es de aproximadamente $2,10 billones, equivalente a un 28% más. Además, el estudio señala que el presupuesto proyectado para 2027 quedaría un 21,1% por debajo de los niveles de 2023, en términos reales, y que los salarios de docentes y no docentes perdieron un 24,2% de su poder adquisitivo desde noviembre de ese año.
La movilización de este jueves reclama que el Gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso en octubre de 2025, pero cuya aplicación fue suspendida por el Poder Ejecutivo.
El informe del CEPA compara la evolución de las partidas destinadas a las universidades nacionales con los recursos que recibirían si se aplicara esa ley. Las cifras están expresadas en valores constantes de 2027 y corresponden al Programa 26, Desarrollo de la Educación Superior.
Según el análisis, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla $7,50 billones para ese programa. En cambio, con la aplicación de la ley, el financiamiento ascendería a $9,60 billones. De esta manera, las partidas serían un 28% superiores a las previstas por el Gobierno nacional.
El CEPA sostiene que, aunque el proyecto presupuestario para 2027 contempla una mejora real del 1,2% respecto del crédito vigente de 2026, el monto continúa por debajo de los niveles registrados antes de la asunción de La Libertad Avanza.
La evolución de las partidas muestra que el presupuesto universitario cayó un 25,2% en términos reales entre 2023 y 2025. Para 2026, el informe estima una reducción del 22% respecto de 2023, mientras que para 2027 proyecta una diferencia negativa del 21,1%.
La pérdida salarial de docentes y no docentes
El estudio también analiza la evolución de los salarios universitarios. Según el CEPA, hasta septiembre de 2026 el poder adquisitivo de docentes y no docentes permanecía un 24,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023.
El informe señala que la mayor parte del deterioro se produjo durante los primeros ocho meses de la actual gestión nacional. Aunque durante los primeros nueve meses de 2026 los salarios aumentaron un 37,8% y los precios subieron un 23,5%, la recuperación no alcanzó para compensar la pérdida acumulada.
Uno de los ejemplos incluidos en el documento es el salario bruto de un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva y sin antigüedad. A valores de septiembre de 2026, ese cargo pasó de cobrar $1.185.861 en noviembre de 2015 a $672.309, una caída real del 43,3%.
El CEPA calculó que, si se hubiera aplicado la Ley de Financiamiento Universitario, ese salario habría alcanzado los $887.581, lo que habría reducido la pérdida acumulada respecto de noviembre de 2015 al 25,2%.
El relevamiento también compara las remuneraciones universitarias con el costo de la canasta básica total para un hogar de cuatro integrantes, que en septiembre llegó a $1.632.505. Según el estudio, la mayoría de las categorías docentes y no docentes percibe salarios básicos brutos inferiores a ese monto.
El conflicto por la ley de financiamiento
La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025. Tras el veto presidencial, ambas cámaras insistieron con su aprobación en octubre de ese año.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025, con el argumento de que no estaban especificadas las fuentes de financiamiento. En diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declaró inaplicable ese decreto y ordenó al Estado nacional cumplir con la ley, según reconstruye el informe.
En febrero de 2026, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificar la norma, pero la iniciativa no llegó a ser tratada en comisión.
En ese contexto, la quinta marcha federal universitaria vuelve a poner en el centro del debate el financiamiento de las universidades públicas, la recomposición salarial y el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso.
