La causa judicial por la muerte de Yulie Viviana Huamán Rivera, ocurrida en noviembre de 2014 luego de recibir atención médica en la Clínica Italia de San Luis, llegó a su instancia final mediante un acuerdo de reparación integral entre los dos médicos que permanecían imputados por homicidio culposo y el esposo de la víctima.
Prensa del Poder Judicial comunicó este martes que un Tribunal unipersonal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza María del Valle Durán, homologó el acuerdo alcanzado entre los médicos Carlos Alberto Merelli y Roberto Antonio Carió y Luis Sierra, esposo de Huamán Rivera, quien aceptó la reparación para poner fin al proceso, aunque manifestó expresamente su disconformidad con el desenlace de la causa.
Durante la audiencia, Sierra explicó que su decisión estuvo motivada por el desgaste personal y familiar que significó atravesar el proceso judicial durante casi doce años.
“He aceptado este acuerdo, mas no estoy conforme. Lo hago con una finalidad de poner fin a este largo proceso”, expresó ante la magistrada.
También sostuvo que la vida de su esposa no podía valorarse económicamente y que, pese a ello, había decidido aceptar el convenio por su tranquilidad y la de su familia.
El querellante relató que los años transcurridos entre tribunales, jueces, fiscales y abogados habían deteriorado progresivamente su salud. Además, cuestionó que otro de los profesionales que, a su entender, tenía responsabilidad en lo ocurrido ya no estuviera sometido al proceso penal.
Su abogado, Ramón Chávez, explicó que el acuerdo fue alcanzado libre y voluntariamente entre las partes, con el propósito de brindar una solución definitiva al conflicto penal y civil. Señaló que, después de años de tramitación judicial, su representado había decidido aceptar la reparación y solicitó su homologación.
Por su parte, el defensor de los médicos, Bernardo Ramón Estrada, acompañó el pedido y sostuvo que el convenio reunía las condiciones legales para ser homologado. Explicó que, una vez cumplidas las obligaciones asumidas, corresponderá declarar extinguida la acción penal y dictar el sobreseimiento de sus defendidos, conforme a lo previsto en el Código Penal Argentino.
En qué consiste el acuerdo de reparación integral
El convenio establece que Merelli y Carió deberán abonar una reparación económica a Luis Marcelino Sierra. El pago se realizará de manera escalonada: una primera parte al finalizar la audiencia y el saldo restante en tres cuotas, con vencimientos a los 30, 45 y 60 días. Los médicos también asumieron el pago de los honorarios profesionales del abogado de la querella.
El acuerdo contempla una solución definitiva tanto para el proceso penal como para el reclamo civil vinculado con los mismos hechos. En ese sentido, la parte querellante aceptó no efectuar nuevos reclamos económicos contra los profesionales por los conceptos comprendidos en el convenio.
Durante la audiencia, la jueza verificó que tanto Sierra como los dos médicos conocieran las condiciones del acuerdo, sus alcances y las consecuencias legales de su aceptación. Todos confirmaron que habían recibido asesoramiento de sus abogados y que prestaban su consentimiento de manera libre y voluntaria.
La magistrada homologó el convenio, pero aclaró que la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo de los médicos quedarán sujetos al cumplimiento íntegro de las obligaciones asumidas. Para ello, deberán acreditarse los pagos correspondientes en el expediente.
Esto significa que, una vez cumplidas esas condiciones, el proceso penal podrá cerrarse definitivamente y los profesionales no serán sometidos a juicio por estos hechos, sin que se dicte una sentencia que determine su responsabilidad penal en la muerte de la paciente.
La postura de la Fiscalía
La fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 5, Débora Roy Gitto, manifestó que no tenía objeciones al acuerdo y consideró que se trataba de una salida alternativa prevista por la legislación procesal.
Durante su intervención, recordó que la causa investigó la presunta responsabilidad de distintos profesionales médicos en la atención brindada a Huamán Rivera y que, respecto de Merelli y Carió, la acusación se centraba en la omisión de estudios diagnósticos y de interconsultas con otros especialistas.
Según la hipótesis de la fiscalía, esas omisiones habrían impedido detectar oportunamente el cuadro clínico de la paciente y adoptar las medidas necesarias para su tratamiento, lo que podría haber evitado su fallecimiento.
Roy Gitto explicó que, al tratarse de un delito culposo, es decir, que no implica la intención de causar la muerte, la legislación permite recurrir a mecanismos alternativos para resolver el conflicto penal, como los acuerdos de reparación integral, siempre que se cumplan los requisitos legales.
La fiscal también hizo referencia al tiempo transcurrido desde el fallecimiento y consideró apropiado que el proceso pudiera concluir mediante esta vía. En ese sentido, explicó que la causa llegó a su Fiscalía en junio de 2025 y que, desde entonces, se avanzó con el ofrecimiento de pruebas, el control de acusación y las actuaciones necesarias para llevar el caso a juicio.
Asimismo, señaló que los restantes profesionales involucrados en la investigación ya habían alcanzado acuerdos reparatorios y solicitó que, una vez acreditado el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Merelli y Carió, se disponga la extinción de la acción penal y sus respectivos sobreseimientos.
La resolución judicial
Luego de escuchar a las partes, la jueza María del Valle Durán homologó el acuerdo conciliatorio y destacó la importancia de los mecanismos de justicia restaurativa contemplados en el Código Procesal Penal de San Luis.
La magistrada hizo referencia a la necesidad de procurar soluciones que permitan resolver los conflictos y restablecer la paz social. También se dirigió al esposo de la víctima y reconoció las dificultades que había atravesado durante el proceso.
Al fundamentar su decisión, consideró que el convenio reunía las condiciones para ser homologado y estableció que, una vez acreditado su cumplimiento, podrá resolverse la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de los médicos.
De esta manera, el acuerdo homologado constituye la instancia que permitirá dar cierre definitivo a la causa, en la que los demás profesionales involucrados ya habían accedido a mecanismos de reparación integral.
Una investigación iniciada en 2014
Según la investigación realizada por la fiscalía, Yulie Viviana Huamán Rivera ingresó el 30 de octubre de 2014 a la Clínica Italia, donde fue intervenida quirúrgicamente tras ser diagnosticada con colecistitis aguda y litiasis vesicular.
Luego de recibir el alta médica, debió ser internada nuevamente debido al agravamiento de su estado de salud. Durante esa segunda internación permaneció varios días bajo atención médica sin que se lograra establecer un diagnóstico certero sobre la causa de su cuadro clínico.
Ante el deterioro de su salud, el 13 de noviembre fue trasladada al Sanatorio Franchín, en la Ciudad de Buenos Aires, donde falleció al día siguiente.
Una junta médica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó que la causa probable de muerte fue una tuberculosis diseminada con neumopatía bilateral.
En julio de 2026, el Juzgado de Garantía Nº 3 admitió la acusación realizada por la fiscalía por homicidio culposo contra Merelli, Carió y Marcelo Fabián Velázquez y dispuso la elevación de la causa a juicio. La Fiscalía había solicitado para cada uno dos años de prisión y seis años de inhabilitación especial para ejercer la medicina.
Posteriormente, Velázquez alcanzó un acuerdo de reparación integral con la querella, mientras que Sergio Ferreyra, otro de los profesionales inicialmente investigados, ya había sido sobreseído tras cumplir un convenio de las mismas características.
Con la homologación del acuerdo entre Merelli, Carió y el esposo de Huamán Rivera, la causa alcanza su etapa de cierre mediante mecanismos alternativos de resolución del conflicto penal.
Fuente: Prensa Poder Judicial
