La Cámara de Diputados de San Luis aprobó este miércoles, por 27 votos a favor y 11 en contra, el proyecto de Ley Impositiva Anual para 2027, que establece los impuestos provinciales para el próximo año. La iniciativa enviada por el gobernador Claudio Poggi contempla descuentos de hasta el 40% en los impuestos Inmobiliario y Automotor para contribuyentes cumplidores, una reducción del 20% en las alícuotas del Automotor y beneficios para determinados sectores productivos. Por otro lado, incluye actualizaciones del 30% en las bases imponibles de los inmuebles rurales y urbanos.
El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, fue defendido por la diputada oficialista Eugenia Gallardo, miembro informante, quien aseguró que busca sostener los recursos del Estado sin incrementar la presión tributaria general. “Quiero destacar de manera categórica que este proyecto de ley no prevé incrementos a la carga impositiva general”, afirmó, aunque aclaró que se contempla una actualización promedio del 20% en los montos fijos y las tasas administrativas.
Uno de los principales beneficios previstos es el descuento del 30% en los impuestos Inmobiliario y Automotor para quienes no registren deudas exigibles en esos tributos al 31 de diciembre de 2026. La bonificación llegará al 40% para aquellos contribuyentes que tampoco adeuden otros impuestos provinciales u obligaciones cuya recaudación esté a cargo de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP), siempre que mantengan las condiciones de cumplimiento establecidas para el próximo año.
Gallardo destacó que el sistema representa una diferencia respecto de la gestión anterior, cuando se exigían diez años consecutivos de cumplimiento para acceder al descuento del 30%. “La norma mantiene un esquema que premia el esfuerzo de los sanluiseños”, sostuvo. También explicó que se readecuarán las escalas de los impuestos para evitar que la actualización de las valuaciones de inmuebles y vehículos provoque el traslado automático de los contribuyentes a alícuotas superiores.
Reducción del impuesto Automotor y beneficios para el sector productivo
La diputada Marisa Patafio destacó que el proyecto contempla una reducción del 20% en las alícuotas del impuesto Automotor. “Un auto que este año tributaba el 2,5%, pasa a tributar el 2%. Y el tramo más alto baja del 5 al 4%”, explicó. Agregó que la alícuota para motocicletas se reducirá del 2% al 1,6% y que los vehículos modelo 2011 y anteriores quedarán exentos del tributo.
En cuanto al sector productivo, el proyecto mantiene la exención de Ingresos Brutos para las actividades industriales comprendidas en el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE). También establece una alícuota especial del 0,50% para los beneficiarios de los programas Mi Primer Emprendimiento y Mi Próximo Paso, sujeta a los límites de ingresos y demás requisitos establecidos.
La iniciativa conserva tratamientos especiales para jubilados, pensionados, excombatientes de Malvinas y hogares con personas con discapacidad. Además, contempla modificaciones propuestas por el Consejo de Ciencias Económicas y una reducción de las tasas administrativas provinciales, que pasarán de las 733 que se cobraban durante la gestión anterior a 370 en 2027, según informó Gallardo.
Desde el oficialismo, Miriam Serra sostuvo que el objetivo es “premiar al contribuyente cumplidor y aliviar el bolsillo de las familias sanluiseñas” y aseguró que la iniciativa “no nace con un afán recaudatorio”. En la misma línea, el diputado aliado Walter Córdoba destacó que las actualizaciones previstas rondan el 20%, por debajo de la inflación y de los incrementos salariales que, según señaló, superaron el 30%. “Hay una diferencia del 10% a favor de los contribuyentes”, consideró.
Por su parte, Nicolás González Ferro planteó que el Gobierno provincial debe administrar sus recursos en un contexto económico complejo. “No podemos bajar el gasto, pero tampoco subir los impuestos. Ni las familias, ni los comercios, ni las industrias pueden afrontar una mayor carga tributaria”, sostuvo.
Sosa Araujo cuestionó los aumentos y denunció un artículo sobre el personal de Rentas
La principal intervención opositora estuvo a cargo de Silvia Sosa Araujo, quien cuestionó la presentación del proyecto como una herramienta de alivio fiscal y sostuvo que el oficialismo no tiene en cuenta la situación económica de San Luis. En ese sentido, mencionó la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de establecimientos industriales y los salarios que, según afirmó, se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
“Háganse cargo, llevan tres años”, reclamó la legisladora, quien también cuestionó las referencias del oficialismo a las gestiones anteriores. “Dejen de mirar para atrás. ¿Qué hicieron? ¿Cuántos hospitales inauguraron? ¿Cuántas rutas? Vemos el desempleo, vemos la pobreza”, expresó.
Sosa Araujo sostuvo que el proyecto contempla aumentos del 20% en multas y actualizaciones del 30% en las bases imponibles de los inmuebles rurales y urbanos, además de incrementos de entre el 20% y el 30% en otros conceptos. También cuestionó que las previsiones de recaudación no coincidan con el Presupuesto 2027, donde, según indicó, se proyectaron aumentos del 39% en recursos tributarios y del 27% en tasas.
“No tiene esta ley tributaria relación con la ley que sancionaron del presupuesto”, afirmó. Asimismo, denunció que el despacho incorporado al sumario legislativo contenía solamente 53 de las aproximadamente 120 fojas del proyecto, debido a la ausencia de anexos.
Uno de sus cuestionamientos más fuertes estuvo dirigido al artículo 84, que faculta a la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública a realizar acciones tendientes a la reubicación del personal de la DPIP cuando resulte necesario por modificaciones en la modalidad de trabajo. El texto establece que esos cambios deberán mantener la situación laboral y respetar los derechos adquiridos de los agentes.
“¿Qué tiene que ver la reubicación de personal? ¿Por qué van a reubicar el personal de Rentas?”, planteó Sosa Araujo, quien consideró que la disposición no debería formar parte de una ley impositiva. “Este artículo no tiene que estar en esta ley”, insistió, y expresó su sospecha de que podría utilizarse para desplazar empleados de esa repartición.
La diputada también señaló que el artículo 84 de las leyes impositivas anteriores contemplaba un mecanismo para informar y descontar de los haberes de funcionarios determinadas multas y obligaciones pendientes, disposición que, según afirmó, fue reemplazada por la referida a la reubicación de personal.
Por otra parte, cuestionó el alcance de los beneficios para jubilados y pensionados, al señalar que la exención del 100% del impuesto Inmobiliario está limitada a quienes perciban ingresos equivalentes a dos jubilaciones mínimas o menos. “No es para todos los jubilados y pensionados. Lo dice la ley”, remarcó.
Sosa Araujo también cuestionó, una vez más, la relación de la Provincia con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), particularmente por el costo del Plan Maestro del Agua y la Energía. Recordó que la oposición presentó un pedido de informes sobre la incorporación de San Luis al organismo y puso en duda los beneficios que recibe la población. “Solamente beneficia a algunos funcionarios y algunos legisladores que pueden acceder a sus capacitaciones, a sus créditos”, afirmó. Además, cuestionó que los municipios deban aportar recursos al organismo y sostuvo que esos fondos podrían destinarse a otras necesidades.
Sosa Araujo cerró su intervención con un rechazo al proyecto, al que calificó como “otro atropello para el pueblo de San Luis”.
Pese a los cuestionamientos opositores, la iniciativa obtuvo 27 votos afirmativos frente a 11 negativos y continuará su trámite legislativo en el Senado provincial.
