La Cámara de Diputados de San Luis aprobó por mayoría y dio media sanción al proyecto de Ley de Entornos Seguros y Respetuosos para las Mujeres. La iniciativa obtuvo 21 votos afirmativos y 8 negativos, en una votación realizada cerca de las 17, luego del cierre del debate. El proyecto crea un programa provincial de capacitación y un sistema de certificación para instituciones que desarrollen acciones de prevención de las violencias, igualdad de trato y promoción de los derechos de las mujeres. La inscripción en el registro será voluntaria.
El proyecto establece que la autoridad de aplicación será la Dirección Integral de Mujer, Género y Diversidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, o el organismo que en el futuro la reemplace. Entre sus funciones estará implementar instancias de formación y capacitación destinadas, principalmente, a integrantes de organizaciones no gubernamentales, personal de atención al público y personas que desempeñen tareas de orientación, acompañamiento o referencia social en ámbitos comunitarios.
Uno de los puntos centrales es la creación del Sistema Provincial de Certificación de Entornos Seguros y Respetuosos para las Mujeres. La adhesión tendrá carácter voluntario y permitirá reconocer a las organizaciones que acrediten el cumplimiento de una serie de requisitos, como participar en instancias de formación, realizar acciones de prevención y sensibilización y contar con pautas de orientación y derivación ante situaciones de violencia o vulneración de derechos.
A su vez, el proyecto crea un Registro Provincial de Instituciones Comprometidas con el Respeto, la Igualdad de Trato y la Prevención de las Violencias hacia las Mujeres, en el que podrán inscribirse voluntariamente las entidades interesadas. El registro será público y gratuito.
La certificación tendrá una vigencia de un año y podrá renovarse luego de una evaluación. Entre los requisitos para obtenerla también se contempla la exhibición visible de la certificación y de información sobre los canales oficiales de orientación, asistencia y denuncia.
Otro aspecto previsto en la iniciativa es que las instituciones certificadas tendrán prioridad en los procesos de evaluación y asignación de programas provinciales de fortalecimiento institucional, subsidios, asistencia técnica, convenios y aportes no reintegrables. La reglamentación deberá establecer mecanismos para valorar especialmente el compromiso asumido por esas entidades.
El proyecto generó cuestionamientos durante el debate. La diputada justicialista Silvia Sosa Araujo planteó que varias de las disposiciones podrían haberse incorporado a la Ley Micaela y cuestionó que se otorgue prioridad para acceder a programas y subsidios a instituciones que adhieran voluntariamente al sistema.
También señaló que la iniciativa no especifica montos ni criterios presupuestarios para esos beneficios y advirtió sobre la posibilidad de que la certificación se convierta en una condición de hecho para acceder a recursos provinciales.
En respuesta, la diputada Marina Garro, del bloque San Luis Primero, defendió la propuesta y sostuvo que no es lo mismo que una institución se comprometa activamente con la prevención de las violencias a que permanezca indiferente. Afirmó que la provincia debe reconocer a las organizaciones que asuman ese compromiso y rechazó que la iniciativa responda a una finalidad electoral.
Durante el tratamiento también se introdujeron modificaciones al texto. Garro explicó que se eliminaron disposiciones consideradas redundantes porque ya están contempladas en otras normas y se agregó que la Dirección Integral de Mujer, Género y Diversidad será la autoridad de aplicación, o el organismo que en el futuro la reemplace.
La sesión comenzó a las 14:45, un horario posterior al habitual, ya que las reuniones legislativas suelen iniciar minutos antes del mediodía. La demora estuvo vinculada a la participación de legisladores oficialistas en el almuerzo por el Día del Maestro Rural Sanluiseño, realizado en el Centro de Convenciones de La Punta.
