En una de sus últimas sesiones del año, la Cámara de Senadores de San Luis convirtió en ley, por mayoría oficialista, la Ley Impositiva Anual para 2027 y la adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil. Ambos proyectos habían recibido media sanción en Diputados y fueron rechazados por la oposición, que cuestionó los incrementos de distintos montos tributarios y la falta de precisiones sobre los recursos necesarios para implementar los cambios en la Justicia.


Durante el debate de la Ley Impositiva, el senador oficialista Adolfo Castro Luna sostuvo que el proyecto no incrementa las alícuotas de los impuestos Inmobiliario, Automotor, Ingresos Brutos y Sellos, aunque reconoció actualizaciones de entre el 20% y el 30% en los montos fijos. También destacó que se amplían las escalas de valuación para evitar que la inflación provoque aumentos de categoría y defendió la reducción del 20% en las alícuotas del impuesto Automotor, que pasarán del 2,5% al 2% en el tramo inferior y del 5% al 4% en el superior. El impacto sobre el monto efectivamente pagado dependerá también de la valuación fiscal de cada vehículo.

El legislador señaló que se mantienen los descuentos por cumplimiento y las exenciones para jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos. También destacó que la exención total del Inmobiliario para personas con discapacidad se extiende a las familias que tengan un integrante en esa situación, aunque no sea el titular del inmueble. Además, indicó que se ampliaron los topes de facturación para que más pequeñas y medianas empresas puedan acceder a alícuotas reducidas de Ingresos Brutos y que los contribuyentes que se atrasen en un pago perderán los beneficios por cumplimiento únicamente durante ese mes, en lugar de todo el período.

Castro Luna defendió las actualizaciones previstas y su relación con las proyecciones económicas provinciales. “Estamos hablando de que los aumentos van entre el 20 y 30% y el presupuesto tenía planificado en promedio un aumento presupuestario del 33%”, argumentó. También destacó que San Luis mantiene beneficios fiscales pese a la reducción de los recursos provenientes de la coparticipación nacional.

Desde la oposición, el senador Hugo Olguín rechazó que los incrementos puedan considerarse simples actualizaciones. “Acá el Gobierno presenta los aumentos como actualizaciones. Pero cambiar el nombre no cambia lo que sale del bolsillo del sanluiseño”, cuestionó. Como ejemplos, mencionó una suba del 18,71% en el mínimo anual general de Ingresos Brutos y el incremento del monto fijo de Sellos para determinados actos y contratos, que pasará de $93.600 a $112.300. También señaló aumentos del 34,29% en algunas declaraciones juradas y del 33,04% en certificaciones.

Olguín sostuvo que estas modificaciones afectan especialmente a pequeños comercios, trabajadores independientes y emprendimientos, y cuestionó que la exención del Inmobiliario para jubilados no contemple beneficios graduales para quienes superen por poco el límite de dos haberes mínimos. También puso en duda el impacto de la reducción de alícuotas del Automotor frente a la actualización de las escalas de valuación. Según planteó, no alcanza con señalar que determinadas alícuotas no suben cuando también se incrementan los mínimos, los montos fijos y las tasas.

Otro de los puntos de conflicto, al igual que durante el tratamiento en Diputados, fue el artículo 84, que autoriza la reubicación de personal de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) ante cambios en las modalidades de trabajo. Castro Luna explicó que la disposición responde a la progresiva digitalización de los servicios de recaudación y aseguró que cualquier traslado deberá respetar la categoría y los derechos adquiridos de los empleados. Olguín, en cambio, calificó el artículo como una “aberración” y cuestionó que una autorización de este tipo se incluya en una ley impositiva sin establecer destinos ni criterios específicos de reubicación.

La reforma penal juvenil también fue aprobada con votos en contra
El Senado también sancionó la adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil, que modifica el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia para establecer procedimientos especializados en causas que involucren a adolescentes. La reforma fija la competencia penal juvenil para hechos cometidos por personas de entre 14 y 18 años, establece garantías específicas y prioriza medidas socioeducativas, con la privación de la libertad como recurso excepcional. En las causas que involucren tanto a adultos como a adolescentes, deberá intervenir el juez penal juvenil respecto de estos últimos.

El senador oficialista Martín Olivero explicó que la iniciativa busca adecuar la legislación provincial al régimen nacional y garantizar los derechos de los adolescentes mediante los principios de especialidad, proporcionalidad, mínima intervención y celeridad. Entre los cambios mencionó la separación entre el proceso penal y el sistema de protección integral de derechos, la capacitación obligatoria de jueces, fiscales y defensores y la regulación de declaraciones mediante Cámara Gesell para evitar la revictimización. También se incorporan procedimientos especiales para víctimas adultas en situación de vulnerabilidad, previa evaluación técnica.

La oposición votó en contra de la reforma. El senador Torres advirtió que el proyecto no precisa cuántos profesionales serán necesarios, qué infraestructura estará disponible ni cuánto costará implementar el nuevo sistema. También cuestionó que aspectos vinculados con los supervisores, la capacitación y los espacios de alojamiento queden pendientes de reglamentación, pese a que la ley comenzará a regir desde su publicación.

“No alcanza con decir que después se va a reglamentar. Antes de aprobar necesitamos conocer el costo, los recursos disponibles y los plazos de preparación”, sostuvo Torres, quien reclamó que se consulte a jueces, fiscales, defensores y equipos profesionales antes de poner en funcionamiento los cambios. El legislador advirtió que la falta de recursos podría afectar tanto a los adolescentes y las víctimas como a los trabajadores judiciales encargados de aplicar la normativa.