El Concejo Deliberante de San Luis aprobó este jueves la Ordenanza Tarifaria 2027 de la Municipalidad, con 9 votos afirmativos y 5 negativos. Durante el debate, el oficialismo defendió las reducciones de tasas y alícuotas incluidas en el proyecto, mientras que el concejal justicialista Andrés Russo cuestionó que las bajas anunciadas no necesariamente se traducirán en una disminución de lo que pagarán los vecinos y comerciantes. Además, sostuvo que desde el comienzo de la gestión de Gastón Hissa la Unidad Monetaria Municipal (UMM) habrá aumentado un 880%.

El concejal oficialista Diego Videla fue el miembro informante del proyecto y expuso los principales aspectos de la iniciativa, que comenzará a regir el 1° de enero de 2027. La ordenanza establece que la Unidad Monetaria Municipal (UMM) tendrá un valor de $155,57 durante el primer trimestre del año y que continuará actualizándose cada tres meses de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor de San Luis.

La propuesta había sido presentada por el intendente Gastón Hissa como una reducción de impuestos, tasas, cánones y alícuotas. Entre los cambios anunciados se encontraban una baja del 33% en el Derecho de Comercio para monotributistas, una reducción de hasta el 40% en el Canon Comercial para responsables inscriptos y rebajas en las alícuotas de determinadas actividades económicas. También se habían anunciado reducciones en el acarreo y la estadía de vehículos y beneficios en algunos servicios sanitarios.

Las críticas de Andrés Russo

El concejal del Bloque Unidad Justicialista Andrés Russo realizó un extenso cuestionamiento al proyecto y apuntó principalmente contra la forma en que el Ejecutivo presentó las reducciones tributarias. Sostuvo que disminuir la cantidad de UMM de una tasa no significa necesariamente que el contribuyente vaya a pagar menos dinero, porque también debe considerarse el valor que tendrá esa unidad.

Para explicar su planteo, utilizó un ejemplo: si una tasa pasa de 100 a 90 UMM, pero el valor de cada unidad aumenta de $100 a $150, el monto final no baja, sino que pasa de $10.000 a $13.500. “No te bajó un 10%, te subió”, resumió al cuestionar la presentación oficial de las rebajas.

Russo puso el foco en el mecanismo de actualización trimestral de la UMM, que está previsto en la ordenanza y toma como referencia el IPC de San Luis. Según los cálculos que presentó durante su intervención, desde el comienzo de la gestión de Gastón Hissa, en diciembre de 2023, hasta enero de 2027, la Unidad Monetaria Municipal habrá aumentado un 880,3% nominal. El edil recordó que cuando Hissa asumió la intendencia la unidad valía $15,87, mientras que el proyecto fija su valor en $155,57 a partir de enero de 2027.

El concejal también cuestionó que la actualización continúe durante el año y señaló que en abril y julio volverá a modificarse el valor de la unidad. “Podemos llamarlo actualización, podemos llamarlo adecuación, podemos ponerle el nombre técnico que quieran, pero si un vecino pagaba 20.000 pesos y después paga 25.000, paga más”, sostuvo.

Los ejemplos que planteó sobre comercios

El concejal presentó distintos ejemplos para sostener que algunas de las reducciones anunciadas no representarían una baja en el monto final que deben pagar los contribuyentes.

En el caso de los comercios, señaló que para una categoría se reducen las unidades de 400 a 360, pero que, al aplicar el nuevo valor de la UMM, el importe pasaría de aproximadamente $46.888 en enero de 2026 a $56.000 en enero de 2027. También mencionó el caso de los comercios que tienen medidor de agua: según su exposición, las unidades bajarían de 80 a 70, pero el importe final igualmente aumentaría.

Sobre los comercios de la zona 2, afirmó que en algunos casos el monto por hora tendría un incremento del 16%, pese a los anuncios de reducción. Por eso, insistió en que el análisis debe realizarse sobre el dinero que efectivamente sale del bolsillo del contribuyente y no solamente sobre la cantidad de unidades establecidas en las tablas.

De todos modos, Russo reconoció que el proyecto sí contempla reducciones concretas para determinadas actividades económicas. Mencionó las alícuotas de entidades bancarias, tarjetas de crédito, empresas de telefonía celular, productoras y comercializadoras de combustibles y cadenas de farmacias.

La ordenanza establece, por ejemplo, que las entidades financieras tendrán una alícuota general del 6 por mil y una reducida del 4,5 por mil; las tarjetas de crédito y empresas de comunicaciones telefónicas, del 3,5 al 2,5 por mil; las empresas de telefonía celular, del 3 al 2 por mil; y las cadenas de farmacias y empresas comercializadoras de combustibles, del 3,5 al 2,5 por mil. Las alícuotas reducidas están sujetas al cumplimiento de las obligaciones tributarias previstas en la propia ordenanza.

El planteo por el libre deuda para obtener el carnet

En el cierre de su intervención, Russo señaló que el bloque justicialista había propuesto acompañar la Tarifaria 2027 si se eliminaba el requisito de presentar el libre deuda municipal para tramitar o renovar el carnet de conducir.

Sin embargo, el proyecto aprobado mantiene esa exigencia. El artículo 57 establece que para obtener o renovar el registro de conductor se deberá presentar el libre deuda municipal antes de abonar los cánones correspondientes.

Ante la negativa del oficialismo a incorporar el cambio solicitado, el bloque justicialista votó en contra de la ordenanza, que finalmente fue aprobada por 9 votos afirmativos y 5 negativos.